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Una mujer joven fue procesada con prisión por homicidio culposo en la ciudad de Rivera, tras haber tenido sola el parto en el baño de su casa desconociendo que llevaba un embarazo a término.
Esta semana se dio a conocer el procesamiento con prisión por homicidio culposo dictaminado por el juez Darwin Rampoldi en un caso caratulado al principio como “aborto”. Las circunstancias están narradas en la sentencia judicial de forma magistralmente misógina en un nuevo fallo de la justicia uruguaya que desnuda, una vez más, su nula perspectiva de género.
El primer juicio de valor y la primera condena que ella recibió fue por parte de distintos profesionales de la salud que la atendieron en la emergencia del Hospital Departamental. Con un diagnóstico primario de aborto en curso le hacen una serie de exámenes ginecológicos, la derivan a la sala de maternidad y, seis horas después del ingreso, la primera pregunta que le hacen es: “¿dónde estaba el niño?”.
En el fallo hay testimonios de médicos, vecinos, parientes. También las palabras de ella, que declara que había sentido dolores fuertes, pero no sospechaba que estaba embarazada; le dijo a su pareja que podía ser dolor de ovarios, pero que no iba a ir al médico porque “se va a reír de mí”.
Se recoge en la sentencia el desconocimiento sobre su situación de embarazo así como su desmayo luego de parir sin ninguna ayuda y sin entender lo que le estaba sucediendo. Sin embargo, el juez opta por responsabilizarla y culpabilizarla por no haber controlado su estado de salud y, obviando toda la situación descrita por ella, por sus familiares, por testigos e incluso por los médicos, concluye que la joven tenía una “gama de posibilidades que se abrían para actuar” exigiéndole otra conducta, aunque el magistrado reconoce que la joven tenía “faltas de conocimiento e información de los fenómenos previos al parto, así como del parto mismo”. “Fue su negligencia, su falta de cuidado y atención la que determinó el desenlace final”, sentencia. La decisión del juez nunca fue desde el lugar de comprender las circunstancias de indefensión y vulnerabilidad y, por lo tanto, eximirla de la pena o procurar penas alternativas.
Estos hechos ocurrieron en octubre de 2016 y el dictamen fue en marzo de 2017, lo cual habla de la lentitud del sistema judicial; pero además todo se agrava con el hecho de que la policía quiso detener a la joven dentro del establecimiento educativo cuando el juez emitió la orden. La comunidad educativa impidió que esto sucediera, protegiéndola, lo que habla del involucramiento responsable de docentes y autoridades de dicha institución.
No es la primera vez que se procesa en Uruguay a una joven por homicidio ante estas circunstancias. Ninguna institución del Estado interviene antes para prevenir y atender estas lamentables situaciones. Sólo se les aplica el Código Penal, se las procesa y se las envía a la cárcel. Ellas son las únicas que pagan cuando las responsabilidades son, por lo menos, compartidas. Las instituciones del Estado, en este caso nuevamente desde el Poder Judicial, intervienen desde un paradigma inquisitivo, condenatorio y particularmente perverso con las mujeres pobres.
Exigimos que el Poder Judicial garantice la formación permanente en derechos humanos de sus integrantes así como el conocimiento y uso de las herramientas jurídicas que aseguren la justicia de género. También deben controlar la actuación de sus operadores porque el análisis de sus fallos da cuenta de los sesgos de género y de los prejuicios con los que actúan reforzando estereotipos y reproduciendo condenas sociales.
También denunciamos la actitud e intervención de aquellos profesionales de la salud que, en lugar de atender a una mujer en esta situación, la maltratan, menosprecian y juzgan. Los profesionales de la salud no son jueces ni policías y su función no es condenar sino asegurar una atención de la más alta calidad sin importar el nivel socio-educativo y los motivos de la persona que la requiere.
Exigimos la inmediata libertad de esta joven y la efectiva intervención de todas las instituciones involucradas para que esto ocurra.
Mujer y Salud en Uruguay – MYSU
Montevideo, 04 de abril 2017
Desde MYSU los/as invitamos a sumar su firma a la campaña que estamos impulsando para liberar a la joven de Rivera:
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MYSU en Rivera
Durante 2015, el equipo del Observatorio en Género y Salud Sexual y Reproductiva de MYSU realizó un trabajo de monitoreo de los servicios de SSR y aborto en el departamento de Rivera.
Entre los hallazgos del monitoreo se destaca la singularidad en la organización del servicio de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Los tres principales prestadores de salud (ASSE, COMERI, CASMER) tienen un convenio para brindar la atención de aborto en el Centro de Salud pública “Dr. José Royol” y hasta el momento del relevamiento, atendían una vez por semana siendo el único lugar donde se realiza IVE en todo el departamento.
Sólo 2, de los 12 ginecólogos que hay disponibles para todo el departamento, realizan atención en IVE. De esos dos profesionales, uno está asignado y el otro lo suplanta en caso de licencias. De los 10 restantes, 8 son objetores de conciencia -lo que representa un 66% sobre el total- y los otros 2 no objetan pero tampoco brindan el servicio.
Cuando a fines de marzo de 2016, el equipo de MYSU hizo la devolución de los resultados del monitoreo ante las autoridades gubernamentales y de salud oportunamente consultadas, el médico ginecólogo DR. Víctor Recchi, actual subdirector del Hospital Departamental de Rivera y responsable del área de SSR del mismo, indicó que “se atienden entre 30 y 40 mujeres por semana (en el centro Royol), aunque no todas son IVE 1”, y reconoció que esta “centralización” del servicio “no solo tiene problemas de saturación sino también de cumplir los plazos”.
Links:
https://www.mysu.org.uy/que-hacemos/incidencia/actividad/por-rivera-maldonado-y-florida/