Uruguay es el primer país de la región que, desde diciembre de 2012, implementa en el Sistema Nacional Integrado de Salud servicios de aborto seguro. Esta es una respuesta imperiosa, imprescindible y necesaria ante el requerimiento y demanda social frente a una práctica sanitaria que transcurrió históricamente por la clandestinidad, poniendo en riesgo la salud y la calidad de vida de las mujeres de nuestro país.
Ante la iniciativa de sectores del Partido Nacional para convocar a una consulta ciudadana que habilite un plebiscito para derogar la ley, las organizaciones sociales en defensa de los derechos humanos nos oponemos rotundamente.
No necesitamos, como país, una consulta que ampare un retroceso en lo hasta ahora logrado: que las mujeres que deciden no continuar un embarazo, no tengan que realizarlo en la clandestinidad, sino que sus vidas se encuentren bajo la protección de servicios de aborto seguro. El país debe poner todos sus esfuerzos para garantizar que los servicios de salud sexual y reproductiva y de aborto seguro estén disponibles en todo el sistema, en todas las instituciones y para todas las mujeres.
La consulta ciudadana no es pertinente porque lo que pone a consideración es si la práctica del aborto debe resolverse en servicios seguros o si continuará siendo una práctica clandestina. No es un mecanismo para mejorar la ley, porque una mala ley sólo se resuelve en un próximo proceso legislativo.
La consulta ciudadana para derogar la ley distrae recursos y no concentra la atención donde hay que ubicarla, que es en garantizar servicios de calidad para toda la ciudadanía y en todo el país. Por lo tanto las organizaciones de la sociedad civil, participantes de la 3ra Jornada Nacional por la Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos realizada el pasado 12 de abril, insta a la ciudadanía a NO RETROCEDER NI UN PASO ANTE LOS LOGROS ALCANZADOS. LA SALUD ES UN DERECHO HUMANO LOS DERECHOS HUMANOS SON INALIENABLES SE RESPETAN Y SE GARANTIZAN NO SE PLEBISCITAN