Declaración de MYSU. En el marco del 8 de marzo, día internacional de la mujer, MYSU propone tomarlo como un día de reflexión y de acción. En ese sentido, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres uruguayas siguen siendo asuntos que ameritan que se preste atención.
Uruguay ha recorrido un intenso y complejo camino en materia de salud sexual y reproductiva y en el reconocimiento de derechos en el campo de la sexualidad y la reproducción. Entre otros, se aprobó y empezó a implementar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que vino a remendar los vacíos generados por el veto a la ley de Defensa del Derecho a la salud sexual y reproductiva, aprobada en 2008.
El análisis de la aplicación de la ley IVE, identificando avances y retrasos, hacia el cometido primordial que es asegurar las condiciones para que las mujeres tengan soberanía sobre sus cuerpos y libertad sobre sus decisiones, es imprescindible para precisar los logros uruguayos. No es deseable que sólo se resalte y enfatice lo conquistado dejando de lado las dificultades y los pendientes que aún deben ser enfrentados, porque lo importante es saber cuánto ha cambiado la realidad cotidiana de las mujeres. De lo contrario sólo se estará procurando obtener rédito político de lo que ha sido un paso en la deuda de superar las inequidades históricas de género.
Esta ley no es la mejor que el país podía tener, por lo que más tarde o más temprano se deberá modificar. A su vez, la ley promulgada no se aplica en todo el territorio y no se garantiza el acceso a toda mujer que lo requiera. Este es un elemento que queremos plantear de forma meridianamente clara.
Existe todavía abuso en el uso del recurso de objeción de conciencia por parte de profesionales de la ginecología. La objeción de ideario por parte de instituciones de salud como el Círculo Católico, contradice el espíritu fundante de la reforma sanitaria para asegurar la universalidad del derecho a la salud y dar respuesta, sin discriminaciones, a los requerimientos específicos de la ciudadanía. Debatir sobre el alcance del derecho a la objeción de conciencia y la omisión de asistencia como obstáculo al ejercicio del derecho a la salud, resulta imperioso.
El sistema hoy, además, no garantiza a todas las mujeres las respuestas que necesitan para el ejercicio pleno de su salud y sus derechos sexuales y reproductivos. Hay mujeres en el país, en 2014, que deben recurrir al circuito clandestino para resolver situaciones de embarazos no buscados porque son migrantes con menos de un año de residencia en el país; porque no tienen 18 años y su entorno no les apoya en su decisión; porque viven en lugares donde no están disponibles los servicios o en otros donde la confidencialidad de los mismos no está garantizada.
Muchas reconocen enormes dificultades para negociar el uso de métodos anticonceptivos con sus parejas. Otras son abandonadas cuando resuelven tener hijos, a los que deben criar solas y sin apoyo de sus parejas, familias y hasta del propio Estado.
El acoso y el abuso sexual mantienen niveles de invisibilidad e impunidad, a pesar de estar extendidas como prácticas en el ámbito público, laboral, familiar y educativo, impactando en las condiciones de vida y en la autoestima de las personas afectadas.
La diversidad en orientación sexual e identidad de género todavía es motivo de estigma y discriminación contra lesbianas, gay y personas trans.
El trabajo sexual es un destino y no una opción laboral digna para quienes lo ejercen, particularmente, cuando provienen de los sectores en situación de mayor exclusión socio-económica y educativa. La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y el tráfico de personas sometiéndolas a condiciones de esclavitud, tiene niveles intolerables.
Los índices de violencia sexual y de género no han cedido y muchas mujeres aún padecen situaciones de dominación y sometimiento que les impiden llevar adelante sus vidas con autonomía y libertad.
La falta de información sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos es
importante en las mujeres y en los hombres de todas las edades y condiciones pero también en los y las profesionales de la salud, en decisores políticos y en el cuerpo directivo y funcionariado administrativo de las instituciones de salud. Campañas masivas de difusión de derechos se hacen imprescindibles para resolver este problema.
No está mal que quienes gobiernan, se tome unos minutos para festejar. La introducción de un nuevo método abortivo, la Aspiración Manual Endouterina(AMEU), en la capacitación de profesionales y en la disponibilidad de elección de las mujeres que requieren de la IVE, es un logro. Como lo son algunas iniciativas institucionales para la equidad de género, que buscan avanzar para asegurar igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Donde más deberían centrarse los reconocimientos en ese plano, son hacia quienes en el frente de batalla de los programas y servicios, realizan su tarea con compromiso y convicción más allá de los vaivenes de las decisiones políticas o de los escasos recursos. Hacia todas esas personas nuestro más profundo y sincero reconocimiento y apoyo.
Pero en los 8 de marzo, la obligación de todas las partes debería ser –sea cual sea la responsabilidad y el lugar que se ocupe- revisar lo actuado, rendir cuentas y renovar el compromiso de seguir trabajando incansablemente para que cada
mujer – sin importar su edad, condición o lugar de residencia- pueda vivir libre de toda forma de opresión y sometimiento y ejerciendo plenamente sus derechos.
MYSU, junto a todas las organizaciones y movimientos con los que interactúa desde hace tanto tiempo, en este 8 de marzo de 2014, renueva su compromiso de continuar en esta lucha.