La directora de Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), Lilián Abracinskas, comentó este lunes 7 de marzo uno de los informes que Amnistía Internacional (AI) publicó recientemente, referidos a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y a la violencia contra las mujeres en ámbitos de salud sexual y reproductiva en América Latina y el Caribe.

Abracinskas se refirió al informe “¡Defensoras bajo ataque! Promoviendo los derechos sexuales y reproductivos en las Américas” y destacó que la presentación se enmarcaba en el repudiable asesinato político de la luchadora ambientalista hondureña Berta Cáceres.

La directora de MYSU reconoció que: “Hasta antes de leer este informe, yo nunca había tomado conciencia de que, como defensora de derechos humanos, pudiera estar en riesgo”. Por ello, recomendó leer, comentar y promover el informe junto a las generaciones más jóvenes: “con nuestros hijos, con nuestras compañeras en las organizaciones”.

A través de entrevistas, revisión de documentación y tribunales, ¡Defensoras bajo ataque! revela casos en los que se ha buscado generar estigma y descrédito en las defensoras y sus organizaciones, como los de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local en El Salvador, y de Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), donde declaraciones públicas buscan desacreditar a las defensoras usando apelativos o referencias a su falta de idoneidad como buenas madres -cuando tienen hijos e hijas-, como buenas mujeres o como personas con ética. Casos de uso indebido del sistema judicial para investigar, imputar y sancionar penalmente a las defensoras de derechos sexuales y reproductivos, como la denuncia hecha contra la directora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) en Perú por apología del aborto, en respuesta a un libro que ella no escribió ni presentó. Y casos como los de CLADEM Paraguay y Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva en México, quienes han tenido que afrontar desde intervenciones de sus comunicaciones telefónicas y virtuales, hasta hostigamiento en sitios públicos, intimidación en sus espacios privados o familiares y amenazas de muerte.

El informe logró establecer patrones de conducta de hostigamiento y persecución que se repiten en toda América Latina, como: deslegitimar, calumniar, agredir, insultar, ponerte bajo sospecha, relacionarte con tráfico ilegal de órganos o narcotráfico, y “resignificar cosas que habíamos vivido y que no le habíamos dado esa dimensión”, añadió Abracinskas. En este sentido, consideró que “es prudente que Uruguay tome recaudos sobre estas acciones, para prevenir y denunciar estos hechos”.

Por otra parte, la activista subrayó que Uruguay “sigue pensando a las mujeres como sujetos tutelables y no como sujetas de derecho” y en especial señaló que los Estados, “por acción u omisión, no avanzan en el reconocimiento de derechos y garantías para acceder a los derechos sexuales y reproductivos, y además no protegen a los defensores de derechos humanos”.

“Los movimientos sociales y las organizaciones somos sustantivos para vivir en democracia. Necesitamos que el Estado reciba denuncias, investigue y tome medidas de protección. Los ataques a defensoras de derechos humanos tienen como cometido silenciarnos a quienes queremos cambiar las cosas”, añadió.

Por último, Abracinskas denunció ataques y persecución de la bancada evangélica uruguaya: “Están reproduciendo campañas fraudulentas que desprestigian a nuestras organizaciones, ponen bajo sospecha los fondos que recibimos, repitiendo patrones de calumnias y hostigamientos… Espero que el Parlamento frene este ataque, ya que no podemos demandarlos por injurias porque se amparan en su inmunidad parlamentaria”, concluyó.

Por su parte, la doctora en Antropología, Susana Rostagnol, comentó el informe “El Estado como ‘aparato reproductor’ de violencia contra las mujeres. Violencia contra las mujeres y tortura u otros malos tratos en ámbitos de salud sexual y reproductiva en América Latina y el Caribe”, destacando especialmente los puntos referidos a violencia institucional y objeción de conciencia.

“Los derechos humanos de las mujeres se atacan directamente en sus cuerpos, en su derecho a ejercer la sexualidad, como cuerpos colonizados”, dijo.

Ambos informes muestran los desafíos para implican la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, reconocidos como derechos humanos en tratados regionales e internacionales, y el trabajo por eliminar la violencia contra las mujeres en este contexto.

Por su parte, Magdalena Furtado de Onu Mujeres repasó cómo la ONU reconoció los derechos de las mujeres a lo largo de su historia como organización internacional.

La relatora de la mesa, Marisa Ruiz, destacó la trayectoria de Amnistía Internacional Uruguay en la lucha por los derechos de las mujeres, especialmente a través de un libro (La violencia de género) y dos campañas: No más violencia contra las mujeres y Mi cuerpo Mis Derechos.

Más información sobre los informes de AI aquí.