Lo analizaremos con mucha responsabilidad, recibiremos a todas las delegaciones que lo soliciten pero en mi caso ya tengo una posición favorable. Y los argumentos muy sintéticamente son los siguientes:

•Porque la ley del año 1938 durante este largo período no se ha aplicado. Y reflexionar sobre ello es fundamental. Cuando el Parlamento aprueba una ley, allí se está fijando un mandato imperativo. “Podríamos decir que por más que se dicte una disposición general, si las personas concernidas por ella no la respetan y quienes deben garantizar su cumplimiento no adoptan ninguna medida punitiva, pues entonces esa disposición legislativa no cobrará existencia como hecho institucional”. “ Por ejemplo, si una disposición del Código Penal castigara el aborto provocado por la madre, pero nadie creyera ilícita esa conducta, y además los jueces no encontraran justificado castigar a la mujer que así procediera, pues entonces deberíamos interpretar –desde esta perspectiva— que tal disposición no sirve para interpretar estos comportamientos como ilícito”(Técnica Legislativa, publicación PNUD y Parlamento del Uruguay). En conclusión, esa política criminal ha fracasado.

•Una investigación del Centro Internacional de Investigación e Información para la Paz (CIIIP) concluyó que en Uruguay se realizan 33.000 abortos voluntarios anuales. El 81% se produce en el ámbito médico clandestino y el resto mediante prácticas populares. Una de las principales conclusiones es que la ley que penaliza el aborto «ha caído en desuso». La penalización «es más fuerte a nivel simbólico que en la práctica. Todas las mujeres que abortan están luego obligadas al silenciamiento, quedando el hecho fuera de la historia, fuera de lo dicho, en el ámbito de lo oculto».

•Porque el tema merece una reflexión serena donde se analicen los múltiples derechos que están en juego, las causas que subyacen en la decisión de una mujer o una pareja para ir a la búsqueda – de manera silenciosa, cuasi clandestina de una pseudo clínica para abortar. La cuestión profunda es la multiplicidad de situaciones que están detrás de un embarazo no deseado. Y es allí donde es necesario actuar.

•Mi libre decisión no estará condicionada por las manifestaciones ofensivas, el griterío que ensordece las mentes, ni las condenas y amenazas de excomuniones.

•En mi opinión favorable estaré acompañada por un porcentaje muy alto de personas encuestadas por el Instituto Factum: el apoyo a la despenalización ha oscilado entre 1993 a 2008 en un rango de 55% a 63%: eso quiere decir que la mayoría de las y los uruguayos apoyan este cambio legislativo.

•Porque integro una fuerza política el Frente Amplio que en su Congreso Extraordinario Zelmar Michelini del 13,14 diciembre 2008 establecía: “entre los aspectos programáticos a desarrollar se priorizara: políticas tendientes a recuperar terreno sobre lo avanzado en materia legal en el campo de los Derechos Sexuales y Reproductivos, incluyendo la despenalización del aborto,

•Quiero eliminar esta ley porque instala una grosera victimización de las mujeres, donde las mujeres jóvenes y pobres sufren los mayores riesgos.

•Porque estaré contribuyendo a eliminar el enriquecimiento de los “ilegales” que han instalado toda una cadena de clínicas que sin ningún control ofrecen servicios costosos y según las capacidades económicas de las mujeres se convive con los riesgos de una mala práctica donde se arriesga la vida.

•Porque desde el 2005 estamos construyendo mejores políticas de salud, reformulando políticas públicas, promoviendo en toda la sociedad –sin exclusiones— los derechos sexuales y reproductivos. Estamos construyendo soluciones integrales y como muy bien lo dice Carol Bellamy, directora ejecutiva Unicef, 1999 “la salud de la sociedad no puede asegurarse a menos que los derechos de igualdad y participación plena de las mujeres puedan asegurarse y es imperativo que los programas de salud reconozcan y aborden plenamente este hecho”.