Extendemos nuestra gran preocupación por la falta de esclarecimiento sobre el fallecimiento de una adolescente de 14 años en el departamento de Treinta y Tres luego de transitar por los servicios legales de aborto.
A más de dos meses de la trágica muerte, y luego de haberlo denunciado como organizaciones sociales el 22 de enero de 2021, a un mes de que la Red de acompañamiento feminista en aborto “LAS LILAS”, de la cual Mujer y Salud en Uruguay – MYSU forma parte, seguimos esperando respuestas. El posicionamiento que se hizo público contó con la adhesión inmediata de 53 organizaciones sociales de Uruguay, 53 redes e instituciones de América Latina y el Caribe y 106 firmas de personas exigiendo respuestas.
Es por eso que hoy 22 de febrero de 2021 se han enviado las cartas solicitando información a las siguientes autoridades: Luis Lacalle Pou Presidente de la República, Beatriz Argimón Vicepresidenta/Presidenta AG y Senado, Martín Lema Presidente Cámara Diputados, Álvaro Delgado Secretario de Presidencia, Comisión de Salud Pública – Senado, Comisión de Salud Pública y Asistencia Social – Diputados , Daniel Salinas Ministro de Salud Pública, José Luis Satdjian Subsecretario de Salud Pública, Leonardo Cipriani Presidente del Directorio de ASSE, Marcelo Sosa Vicepresidente del Directorio de ASSE, José Quintin Olano Director departamental de Salud – Treinta y Tres, Pedro Aldave Director del Hospital de Treinta y Tres, Mario Silvera Araujo Intendente de Treinta y Tres, Carlos Olascuaga Director general de Salud e Higiene – IMTT, Wilder Tayler Presidente de la INDDHH, Mariana Mota Directorio INDDHH, Mariana Blengio Valdés Directorio INDDHH, Juan Alfonso Faroppa Directorio INDDHH, María Josefina Plá Directorio INDDHH.
Entendemos imprescindible que desde las diversas instituciones implicadas se comunique a la ciudadanía las causas de esta defunción, las medidas correctivas que se aplicaron para asegurar que no haya situaciones similares en dicha localidad como en otras del país, así como las acciones que deberían implementarse para asegurar el acceso universal a la atención integral de la salud sexual y reproductiva que la población tiene derecho, aún en tiempo de pandemia.
