Más de 300 personas de todo el país asistieron el viernes 11 de marzo a la 8va Jornada  Nacional por la Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos, organizada por Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) y por la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad del PIT-CNT, llevada a cabo en la sede de la central de trabajadores.

¿Quiénes vinieron?

La mitad de quienes asistieron lo hicieron por primera vez, lo que demuestra el sostenido interés por mantener estos encuentros en los que la agenda de control ciudadano sobre las políticas públicas en Salud se renueva. Las mujeres fueron mayoría (84%), pero destacamos que creció la representación de los varones (13%) y de las personas trans (3%) respecto de la 7ª Jornada.

También resaltamos la presencia de jóvenes de entre 18 y 29 años (38%), y quienes tienen entre 30 y 45 años (33%).

El 50% de quienes participaron viven en Montevideo; el otro 50% vinieron desde Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Florida, Maldonado, Paysandú, Río Negro, Rivera, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó, Treinta y Tres.

Las Jornadas Nacionales por la Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos se realizan en forma binanual desde 2012, contando con la participación de activistas feministas, de derechos humanos, del movimiento de usuarios de la salud, personas viviendo con VIH, afrodescendientes, trans, sindicalistas, estudiantes y docentes universitarios, educadoras populares, trabajadoras sociales, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y de instituciones del Estado, entre otras.

¿De qué hablamos?

En esta octava edición, las Jornadas contaron con una mesa de apertura a cargo de Lilián Abracinskas, directora ejecutiva de MYSU, y Milagro Pau, de la Secretaría de Género del PIT-CNT. Abracinskas destacó la importancia de mantener un diálogo fluido con el movimiento sindical, movimiento que ha estado relacionado a los cambios producidos enUruguay a lo largo de su historia: “Es una relación win-win, en la que ganamos todos: sindicalistas, el movimiento de diversidad sexual, las feministas…”.

Sobre las Jornadas, Lilián remarcó que no se quiere “institucionalizar” dicho espacio, sino retroalimentar cada encuentro con diversas temáticas, metodologías y discusiones. Invitó a conocer qué pasó en Jornadas anteriores, a través de la lectura de una sistematización realizada por MYSU recientemente, de la que se desprende que la integración entre los numerosos participantes no es simbólica sino real, y que cada Jornada se ha hecho en función del contexto y la coyuntura política en Uruguay, en lo referente a SSR.

La 8ª Jornada contó con la Mesa “Avanzar sobre lo logrado en las políticas de salud sexual y reproductiva en el país”, con la participación de: Lilián Abracinskas, Adriana Brescia (directora general de Coordinación del Ministerio de Salud Pública -MSP), Pablo Cabrera (Federación de Funcionarios de Salud Pública – FFSP), Natalia Pereyra (Movimiento de Usuarios de la Salud Pública y Privada – MUSPP) y Juan José Calvo (Representante Auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas –UNFPA).

El objetivo era contar tanto con representantes del gobierno que estuvieran a cargo del diseño, la implementación y la rectoría de políticas públicas en salud, como con representantes sociales de trabajadores y usuarios de la Salud, además de la visión de una de las principales agencias internacionales en materia de financiación para Uruguay, y que todas estas voces pudieran evaluar el primer año del nuevo gobierno frenteamplista y registrar los avances logrados, así como demandas y necesidades que restan cumplir en materia de salud sexual y reproductiva.

Las barreras para una correcta implementación de los servicios de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en prestadores de salud públicos y privados de todo el país fue uno de los principales ejes de la Mesa.

Si bien Abracinskas remarcó como un “avance” el que, en promedio, unas 25.000 mujeres hayan accedido a un aborto legal, seguro y gratuito desde que se aprobó la ley 18.987 en 2012, los diversos monitoreos del Observatorio de Género y SSR de MYSU dan cuenta de que cada departamento “tiene una ruta de acceso para IVE establecida en forma diferente”, lo que dificulta evaluar esta política pública.

Entre los últimos monitoreos realizados en 2015, MYSU estudió el funcionamiento de los servicios de IVE de Maldonado. Una de las principales conclusiones que se desprende de allí es que, para que una mujer acceda a esta prestación, debe realizar una “peregrinación”. A fines de febrero de 2016, una joven de 21 años murió en Maldonado producto de un aborto clandestino, tras haber recurrido al servicio de salud pública donde recibió como respuesta que no podían hacer nada por haberse “pasado” del plazo de 12 semanas (estaba embarazada de 13 semanas cuando realizó la consulta). “La muerte de esta mujer en Maldonado era la crónica de una muerte anunciada… Debido a la ‘peregrinación’ que las mujeres tienen que hacer en ese sistema de salud, es muy probable que no lleguen a realizarse el aborto dentro de los plazos establecidos por la ley”, indicó la directora de MYSU.

La activista también enumeró los principales obstáculos que continúa registrando la ley IVE. En primer lugar identificó el recurso de objeción de conciencia, presentado por médicos ginecólogos, que “debería ser una excepción” y para lo cual “hay que encontrar soluciones”, ya que “no puede ser que a las mujeres se nos exija enfrentarnos a un ‘tribunal’ [en referencia al equipo interdisciplinario por cuyas consultas debe pasar la mujer que decide abortar] y a los médicos no se les exija nada y, sin más, puedan declararse objetores”. Desde el público se remarcó la necesidad de que la lista de objetores sea accesible para las usuarias en cada prestador de salud.

El segundo obstáculo que persiste en la ley 18.987 es la reglamentación referida a los abortos durante el segundo trimestre de embarazo. En Uruguay, “todavía no está debidamente implementado el aborto por causales”, dijo Abracinskas e hizo hincapié en la necesidad de reglamentar el “causal salud”, además de violación (por el que se puede abortar hasta la semana 14 de gestación).

Asimismo, quedan pendientes los nuevos artículos en el decreto reglamentario de la ley IVE, tras el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA); también mejorar la difusión de los servicios IVE, y organizar las prestaciones, de manera de poder cumplir con la actuación simultánea de los equipos multidisciplinarios IVE.

Estos obstáculos y barreras para el correcto cumplimiento de la ley IVE han tenido como consecuencia que “se clandestinizara el sistema clandestino”, concluyó Abracinskas.

Avances y objetivos

Adriana Brescia se describió como una defensora de los derechos sexuales desde su adolescencia. Con medio siglo de vida, y de profesión ginecóloga, “gran parte de mi trabajo es con mujeres”. Por ello se planteó “llevar al MSP aquellos derechos de las mujeres por los que pregoné todos estos años”. En este sentido, la jerarca remarcó que en Uruguay se promueven los DSR como derechos humanos. “Este enfoque de derechos es una construcción colectiva de largo aliento y todavía nos falta para que se cumpla su goce efectivo”, señaló.

No obstante, Brescia enfatizó que “en pocos años hemos logrado muchísimas cosas”, en materia legislativa, como la ley de Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), la ley de SSR (18.426), la ley IVE, entre otras, reconociendo la “difícil implementación” de las normas. A la vez, destacó el actual funcionamiento de 178 equipos de referencia para atención en Violencia Basada en Género y Generaciones (VBGG) en el SNIS en todo el país, y señaló como próximo desafío el establecer un equipo de VBGG en cada prestador de salud y la capacitación en VBGG para los equipos de Urgencias.

Brescia también repasó los Objetivos Sanitarios Nacionales 2020 del MSP e indicó que las organizaciones de la sociedad civil son la “contraparte” que garantizará que las metas de los OSN se cumplan.

Reconoció que se debe modificar el decreto reglamentario y las guías de atención en IVE, tras los cambios que supuso el fallo del TCA, y subrayó que, si bien no es una prestación “muy valorada por los prestadores de salud”, en “algunos departamentos” los equipos de IVE ya están integrados y trabajan en forma simultánea.

En parte, esta falta de implementación completa de los servicios la atribuyó a la “falta de recursos humanos” (RRHH), un punto en el que acordó Pablo Cabrera, quien sostuvo además que ASSE debe hacer valer las prestaciones de salud pública, mejorando la comunicación con las personas usuarias y la difusión de los servicios. “Hay que transformar el servicio público, con mayor comunicación y educación. Tenemos que lograr que el sistema de salud vaya a la gente, y no al revés”. Destacó los Objetivos Sanitarios Nacionales y afirmó que “parte de los grandes cambios que queremos lograr en el ejercicio de los DSR en mujeres y varones tiene que ver con informar y construir espacios donde la mujer no esté sola, sino que se estimule la responsabilidad de los varones, y donde los equipos técnicos respondan pero no opinen sobre las decisiones de las usuarias”.

Por su parte, Natalia Pereyra enumeró los desafíos que tiene por delante el MUSPP a través de su representación en el directorio de ASSE, una vez que se apruebe la venia en el Parlamento: i) Mejorar el vínculo entre 1.200.000 usuarias/os de salud pública con ASSE, ya que actualmente “desconocen su estructura y funcionamiento”; ii) Propiciar un intercambio permanente con el MUSPP y otras organizaciones que abordan temáticas de DDHH, para enriquecer las miradas; iii) Facilitar intercambios entre distintas cuestiones relativas a la salud, reconociendo que es difícil correrse de mi problema de salud hacia otros territorios; iv) Trabajar con el Consejo Consultivo de ASSE: “Integrar[lo] es una cosa, participar es otra”; v) Mejorar el trabajo de las Oficinas de Atención al Usuario; vi) Mejorar el primer nivel de atención en salud, en lo que refiere a horarios, asesoramiento y capacitación de funcionarios; vii) Coordinar con la Junta Nacional de Salud (JUNASA) los contratos de gestión y ocupar los espacios que ya existen, como las Juntas Departamentales de Salud.

Por último habló Calvo, quien saludó la iniciativa y continuidad de las Jornadas Nacionales por la Salud y los DSR, además de remarcar que MYSU es una de las organizaciones socias “clave” de UNFPA, con las que ha dado “discusiones sobre la estrategia institucional” del Fondo de Población de las Naciones Unidas desde que comenzó a funcionar en Uruguay.

Debido al crecimiento de dicha oficina, especialmente en Montevideo, Calvo señaló que se buscará una “presencia concreta” de UNFPA “en todo el territorio uruguayo”, además de coordinar desde la capital del país la cobertura subregional que esta agencia de Naciones Unidas tiene en el Cono Sur, potenciándola como “centro de excelencia para el diseño de políticas públicas”. Para ejemplificar, citó el Consenso de Montevideo como resultado de un “proceso liderado por la sociedad uruguaya”, especialmente en lo referido a la agenda derechos “más avanzada del mundo”.

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Finalizada la mesa, integrantes del equipo del Programa de Género, Salud Reproductiva y Sexualidades del Instituto de Psicología de la Salud que están llevando adelante, junto a MYSU, el Proyecto de investigación “Accesibilidad a servicios públicos de interrupción voluntaria del embarazo en mujeres del área metropolitana” repartieron folletería informativa para difundir este proyecto cuyo objetivo es conocer la experiencia de las mujeres mayores de 18 años, que hayan abortado en los últimos 24 meses sin haber acudido para ello a los servicios de salud. Se pretende realizar entrevistas individuales, de carácter anónimo y confidencial a mujeres que voluntariamente acepten participar de este estudio. La entrevista tendrá una duración aproximada de una hora y se acordará con cada mujer el lugar y el horario.

Luego, Carolina Veiga y Tania da Rosa, integrantes de la Red de Gobierno Abierto, explicaron cómo funciona esta Red, cuáles son sus objetivos, e invitaron a participar del Encuentro Regional que tendrá lugar en Montevideo este año, los días 31 de mayo y 1 y 2 de junio. Más información del evento aquí.

Tras el almuerzo, Maru Casanova, integrante del Observatorio en Género y SSR de MYSU, presentó la campaña para fomentar el uso del Condón Femenino, enmarcada en la segunda fase del proyecto regional «Inclusión de la violencia contra las mujeres en la respuesta del VIH/SIDA». El proyecto consistió en un relevamiento del estado de situación en Uruguay del vínculo del VIH y la VCM tanto en servicios, estadísticas, como en legislación. Entre los principales hallazgos Casanova destacó la nula vinculación de ambas pandemias en estas áreas, exceptuando la información producidos por MYSU en el año 2009 a través del informe regional “VIH-Violencia: Dos caras de una misma realidad”. En el mismo se constató, mediante encuestas a mujeres VIH positivas, el vínculo de la violencia hacia las mujeres y el VIH: en un alto porcentaje de los casos la violencia hacia estas mujeres fue causa o consecuencia de su seropositividad.

La investigadora y politóloga resaltó el cambio cualitativo que este método de doble protección supone para las mujeres, tanto en su autonomía para decidir cómo cuidarse en las relaciones sexuales, como para prevenir embarazos e ITS en relaciones no consentidas. Como parte de la campaña se distribuyeron condones y volantes a las organizaciones y personas referentes en SSR para su trabajo en la promoción del preservativo a nivel local. Además, recordó los principales resultados obtenidos en el informe regional “VIH-Violencia: Dos caras de una misma realidad”.

Luego, Fiorella Duhalde presentó las renovaciones de la aplicación móvil Sexualidapp, como la sección “Me cuido, te cuido, nos cuidamos” donde se promueve el mutuo y autocuidado para todo tipo de parejas y prácticas sexuales, e invitó a que el público descargara la app en el momento.

Santiago Puyol y Florencia Beder coordinaron la plenaria final que tenía por objetivo fortalecer estrategias de control ciudadano de los servicios en SSR. El público enfatizó la necesidad de trabajar profundamente en Educación Sexual y garantizar las clases en este sentido. Hubo reclamos en lo que refiere a una mayor capacitación para educadores y para el personal de salud a la hora de trabajar con adolescentes en tópicos que entrarían dentro de la salud sexual y reproductiva. También se exhortó a garantizar la continuidad del trabajo de aquellos/as que imparten Educación Sexual.

Además hubo una serie de reclamos acerca de la visibilidad y el apoyo a la población trans, tanto sobre educación sexual, como la cobertura en prestadores de salud, así como en espacios de participación ciudadana y de movilización. También plantearon dudas sobre qué pasa con la cobertura de terapia hormonal y un fortalecer la educación en diversidad sexual.

Por último, se compartieron experiencias positivas en el trabajo con adolescentes, y con sus madres y padres, tanto desde las instituciones educativas como desde centros de salud a la hora de asesorar y/o educar en SSR.