Nosotras y nosotros, ciudadanas y ciudadanos defensores de los derechos humanos, conscientes de las desigualdades de género que afectan negativamente la vida cotidiana de las mujeres brasileñas, expresamos públicamente nuestra indignación por la forma como el tema del aborto está siendo explotado durante el período electoral actual.
El aborto es un grave problema de salud pública. La comprensión de este hecho y el respeto por la dignidad de las mujeres llevó a los dos últimos gobernantes que ocuparon la Presidencia del Brasil a asegurar un progreso significativo en este campo, con la aprobación de dos normas técnicas por parte del Ministerio de Salud.
La Norma Técnica de Prevención y Tratamiento de las Enfermedades Derivadas de la Violencia Sexual contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes, de 1998, asegura asistencia inmediata a las mujeres víctimas de violencia sexual que deseen interrumpir un embarazo no sólo indeseable, sino impuesto por la deshonra de una violación. El Código Penal de 1940 lo permite. La Norma Técnica de Atención Humanizada al Aborto, de 2004, proporciona orientación sobre el cuidado y el trato humanitario al que todas las mujeres en situación de aborto, espontáneo o inseguro, tienen derecho al ser atendidas por el Sistema Nacional de Salud (SUS).
El proceso de democratización de Brasil ha demostrado ser plural y lo suficientemente maduro, como para no sucumbir ante las presiones electorales y conservadoras que desean, simplemente, ocultar e ignorar el sufrimiento de millones de mujeres para quienes el aborto es un último recurso. El aborto no debe ser pagado a costa del sufrimiento, la soledad, la enfermedad o incluso la muerte de las mujeres. La consolidación y profundización de la democracia en Brasil requiere, de manera urgente, la preservación del principio constitucional del Estado laico y de la libertad religiosa, como derechos importantes para que las personas puedan profesar su fe y actuar de acuerdo con su conciencia.
Es ampliamente reconocido que las más perjudicadas en este contexto son las mujeres pobres, que recurren al Sistema Nacional de Salud (SUS) con complicaciones derivadas de abortos practicados en condiciones precarias y con un riesgo alto de comprometer su futuro bienestar.
De la misma manera que un aborto en condiciones dignas y seguras no debe ser un marcador de clase entre las mujeres brasileñas, tampoco es aceptable que esta cuestión se utilice en procesos electorales con el fin de que prevalezca un Brasil arcaico, hipócrita y conservador sobre los intereses republicanos y de promoción de la igualdad de género.
Es deber del Estado garantizar el acceso amplio y sin restricciones a los métodos anticonceptivos para la regulación de la fertilidad entre hombres y mujeres en el Sistema Nacional de Salud (SUS). La Constitución y la Ley 9.253/1996 establecen que la planificación familiar es un derecho personal y que el Estado debe proporcionar información y recursos para el control voluntario de la fertilidad.
No es momento de retroceder. No podemos ir contra la corriente de la mayoría de los países democráticos que han considerado esto como un problema grave de salud pública y que han aprobado leyes que aseguran la dignidad de las mujeres que se enfrentan a tales circunstancias. Estar en contra de la penalización del aborto es reconocer el derecho a la justicia y evitar el sufrimiento de millones de mujeres en este país.
Río de Janeiro, 12 de octubre de 2010
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