CNSmujeres presentó su Agenda 2009

El jueves pasado se presentó la Agenda 2009, una propuesta política elaborada por alrededor de sesenta redes y organizaciones de todo el país, integrantes de la Comisión Nacional de Seguimiento-Mujeres por democracia, equidad y ciudadanía (CNSmujeres). Se trata de un ordenamiento que permitirá monitorear avances y obstáculos en distintas áreas. Lo que sigue es un pequeño extracto de lo que las mujeres (que constituyen el 53% del electorado) denuncian y reclaman a las autoridades.

Tal como se lee en un librillo que contiene la Agenda 2009, ésta busca incidir en el debate político e impulsar planteos que abordan la desigualdad entre varones y mujeres, la discriminación que sufren por ser mujeres, que para ser erradicada requiere de la implementación de políticas públicas transversales que promuevan la equidad.

El texto recuerda que desde 1985 en el proceso de reconstrucción de la democracia uruguaya las mujeres de diversos grupos, organizaciones y redes lucharon por visibilizar esa forma de injusticia social, denunciando casos de violación de los derechos en distintos ámbitos.

“Cuando toda la sociedad respete, garantice y reconozca los derechos de las mujeres estaremos más cerca de lograr una sociedad justa”, se lee en la publicación de CNSmujeres.

Entre otras cosas, denuncian que los hombres siguen teniendo la supremacía práctica, material, política, económica y simbólica.

“Bastan como ejemplos los niveles de violencia sexual, doméstica, laboral y de género que siguen registrándose en nuestro país. Los indicadores de desocupación de las mujeres, las desigualdades salariales, las inequidades en el acceso a trabajo formal y debidamente remunerado”, enumeran en una larga lista de reclamos.

En un capítulo dedicado a los principios éticos con que fue construida la Agenda 2009 se menciona que ésta se inscribe en un marco teórico proveniente de la teoría feminista y se sustenta en torno a los principios de justicia de género, libertad, empoderamiento, autonomía, ciudadanía, redistribución de la riqueza, igualdad, reconocimiento y participación política.

El capítulo 4 explora los avances, obstáculos y vacíos vinculados a esos tópicos sobre la base de un monitoreo que permitió identificar el grado de transversalización de la equidad de género alcanzado en la actual administración de gobierno.

El diagnóstico de las políticas públicas de igualdad de oportunidades y derechos les permite afirmar que “en esta Administración comenzó a estructurarse un sistema para la equidad de género en los planes y políticas de distintas instituciones del Estado”. Entre los logros de este gobierno destacan la rendición de cuentas ante el sistema internacional de derechos humanos y el hecho de que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) mejoró su jerarquía aunque no ocupa el nivel necesario para cumplir plenamente con su responsabilidad de ser ente rector de políticas de igualdad.

Entre los vacíos señalan: “No se ha generado un debate relevante acerca del impacto que [pueden] tener algunas de las medidas emprendidas para atender la emergencia social y el plan de equidad. El riesgo de que los estereotipos femeninos hegemónicos sean reforzados con estas políticas debería ser monitoreado con particular atención. Las mujeres, particularmente las más jóvenes y de los sectores más pobres pueden quedar cristalizadas en su rol de madres, limitando sus posibilidades de potenciar otros proyectos de vida. Por ejemplo, las medidas que incrementan las asignaciones familiares y las transferencias en especie (tarjeta de alimentación) ubican a la mujer/madre como la principal responsable de cumplir con las contraprestaciones exigidas (atención de la salud y educación de los/as niños/ as) para acceder al beneficio”.

Lo mismo señalan en relación a la flexibilización jubilatoria que reduce en un año la cantidad de años de trabajo requeridos para jubilarse para las mujeres por cada hijo que hayan tenido (con un máximo de cinco años). “Estas medidas si bien buscan reparar los años destinados al cuidado de la familia, deberían ir acompañadas de mensajes y medidas que promuevan la autonomía económica y el desarrollo pleno de las mujeres”, sostienen.

Entre los avances vinculados a la salud sexual y reproductiva mencionan la reducción de las muertes de mujeres por razones vinculadas con el embarazo, el parto, el puerperio, cesáreas y abortos, entre otras.

Entre los obstáculos figura el hecho de que un porcentaje importante de profesionales de los servicios de salud desconoce las normativas vigentes o pone barreras para su cumplimiento.

Finalmente, el capítulo 5, “Lo que las mujeres queremos”, contiene las propuestas a nivel político, en el ámbito institucional, en relación a la activación de leyes y marcos normativos, en cuanto a programas y servicios, y sobre los mecanismos de participación y diálogo Estado sociedad civil. Una de las cosas que mencionan es la necesidad de superar la división sexual del trabajo, reconociendo el pleno derecho de las mujeres a la autonomía económica, a la actividad productiva y a la participación en el mundo del trabajo. También señalan la importancia de profundizar las políticas socioproductivas específicas hacia las mujeres. En ese sentido demandan beneficios fiscales, tributarios y financieros como mecanismos de acción afirmativa que apoyen emprendimientos productivos liderados por mujeres. También exigen que las autoridades garanticen la paridad entre hombres y mujeres en los cargos de responsabilidad política, administrativa, académica, económica y ejecutiva; y que se controle el cumplimiento del principio de laicidad en los convenios relacionados con las políticas educativas, especialmente en lo que refiere a niños de 0 a 3 años, que se cubre a través de los CAIF. Además bregan por la creación de un ámbito especializado para la equidad de género en el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, y de un sistema nacional de registro y seguimiento de las situaciones de violencia. Entre las propuestas tendientes a modificar los marcos legales figura la de aprobar una ley que descriminalice y despenalice el aborto, reconociendo el derecho de las mujeres a decidir sobre la interrupción del embarazo y garantizando el acceso a servicios de aborto legal.

Fuente: La Diaria