Menos mitos y más realidades

Organizaciones latinoamericanas comparten sus experiencias sobre derechos sexuales y reproductivos en el Parlamento.

Con el objetivo de conocer las distintas experiencias y estrategias para abordar la realidad de la práctica del aborto en diversos contextos legales, el pasado miércoles 21 se setiembre se llevó a cabo en la Antesala del Senado del Palacio Legislativo una actividad en la que referentes en el plano de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de diferentes países latinoamericanos intercambiaron sus experiencias con legisladores y legisladoras de Uruguay, país que se prepara para debatir un nuevo proyecto de ley que despenalice la interrupción voluntaria del embarazo.

El evento, organizado por Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) y por la organización médica internacional humanitaria de promoción del derecho a la salud Médicos del Mundo Francia (MDMF), contó con la presencia del Presidente de la Comisión de Salud del Senado, José Luis Gallo, de la senadora Mónica Xavier y del senador Antonio Gallicchio, así como también del diputado Luis Puig, la asesora de la diputada Verónica Alonso y Mariza Marmisolle de la Bancada Bicameral Femenina. Participaron a su vez varias organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual en Uruguay.

La apertura del evento fue realizada por la directora de MYSU, Lilián Abracinskas y por el representante de MDM Francia Jean Guerrini, explicitándose la importancia de contar con representantes de organizaciones de la región y sus realidades en torno al aborto en contexto legales distintos y la oportunidad de compartir dichas realidades con representantes parlamentarios que deberán posicionarse en relación al cambio legal en Uruguay.

Las presentaciones centrales estuvieron a cargo de María Eugenia Romero, directora de la organización EQUIDAD quien se refirió a la reciente experiencia de legalización del aborto en el Distrito Federal en México, y de Ana María Pizarro, de la organización SÍ MUJER quien habló sobre la situación de Nicaragua, donde en los últimos años se ha producido un retroceso legal penalizándose el aborto terapéutico, única causal que era admitida en la legislación.

Romero señaló que en el año 2007, de la mano de fuerzas progresistas de izquierda del Distrito Federal llegó la propuesta de despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Esta iniciativa contó con el apoyo y asesoramiento de las mujeres organizadas, que desde hacía años llevaban adelante una alianza para promover el derecho a decidir.
En abril de ese año se aprobó esta ley, garantizando la legalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, y concebida de manera integral porque también implicaba una consejería, acceso a métodos anticonceptivos y educación sexual.

Romero señaló que desde que esta norma está vigente, se han registrado 70.000 interrupciones del embarazo, lo que habla de lo necesaria que era esta ley. De éstas, solo el 2% corresponde a las causales que están vigentes, lo que también indica que las causales no resuelven este tema, añadió. Además, Romero hizo énfasis en que con la legalización se terminó con los mitos que existían sobre el aborto, al poder estudiarlo sistemáticamente. En este sentido, indicó que solo el 6% de las usuarias han sido adolescentes, y que el 95% de ellas estuvo acompañada por su madre. A su vez, indicó que existe solo un 1% de tasa de reincidencia, y que ha descendido, casi hasta su eliminación, el número de recién nacidos abandonados en las calles.

Señaló que a raíz de la legalización, las mujeres se han empoderado, exigen los servicios, entienden la ciudadanía y el derecho de otra manera. La legalización no obliga a nadie a realizarse un aborto contra su voluntad: sin embargo la ilegalización sí penaliza a todas las mujeres, afirmó. También señaló que aquellos representantes políticos que impulsaron la legalización fueron reelectos a diferencia de quienes se opusieron los cuales no lograron mantener sus lugares de representación porque no fueron votados por la ciudadanía.

En cuanto a la situación en Nicaragua, Ana María Pizarro se refirió a la alianza que se produjo entre grupos conservadores religiosos y las fuerzas políticas para poner obstáculos a la laicidad del Estado, que está garantizada por la Constitución del país desde 1993.

En este sentido citó a la propuesta del Vaticano de establecer el día internacional del niño por nacer, que en Nicaragua se plasmó incorporando el derecho del no nacido dentro del código penal, y eliminando el aborto terapéutico en el gobierno de Daniel Ortega. A entender de Pizarro, esto demuestra que la propuesta del Vaticano se instala en el Estado laico, con legisladores que actúan como feligreses de sus congregaciones y no como representantes de sus ciudadanos y ciudadanas.

A partir de la eliminación del aborto terapéutico, Nicaragua empezó a registrar un aumento de muertes de mujeres jóvenes, menores de 19 años, acotó la expositora. Por otra parte, aumentó la criminalización de la práctica. Hasta fines del año pasado 91 mujeres fueron denunciadas por interrumpir su embarazo: se trata de mujeres de todas las edades, extremadamente pobres, carentes de trabajo y educación formal, en todos los departamentos del país. Alrededor de un tercio de hombres también fueron denunciados por la misma causa, agregó.

Luego de compartir las experiencias de México DF y Nicaragua, la senadora Xavier y el senador Gallo reafirmaron su compromiso para que en Uruguay el marco legal se ajuste con el fin de garantizar los derechos de las mujeres y cumplir con la opinión de la mayoría de la ciudadanía, terminando de esta forma con la penalización del aborto.