El equipo del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) monitoreó los servicios de salud sexual y reproductiva (SSR) y aborto en el departamento de Maldonado durante 2015. Compartimos algunos de los hallazgos preliminares del informe que se presentará en marzo en dicho departamento ante autoridades gubernamentales, instituciones de salud estudiadas, equipos de profesionales de la salud y público en general.
Los datos que brindamos en este resumen ejecutivo refieren a los servicios de aborto en el subsistema público, los servicios de ASSE, si bien también fueron relevados los del subsector privado. El departamento de Maldonado cuenta con siete prestadores de salud, seis del subsistema privado y la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). Los prestadores privados son: La Asistencial, Mautone, Asociación Española, CASMU, Médica Uruguaya y Círculo Católico.
La atención en Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en ASSE se realiza en el Hospital de San Carlos, en el Hospital de Maldonado sólo algunas etapas, en el Centro de Salud Vigía -ubicado en la capital departamental- y en el Centro auxiliar de Pan de Azúcar. Los centros de salud de otras localidades, derivan a las mujeres que transitan por embarazos no deseados, a las instituciones antes mencionadas.
La organización de la Red de Atención Primaria (RAP-ASSE) no es sencilla ya que, a excepción de la prescripción del medicamento (mefi+misoprostol), las demás etapas (consultas para confirmación y tiempo de embarazo, entrevista con equipo multidisciplinario y atención post-aborto) se pueden realizar en diferentes policlínicas.
El Hospital de San Carlos cuenta con un equipo completo para la atención en IVE y del total de tres ginecólogos del centro, dos son los que lo realizan, el restante es objetor de conciencia. El Hospital de Maldonado no cuenta con asistente social y psicólogo/a, por lo tanto ha realizado un convenio con policlínicas municipales donde dichos profesionales atienden a las mujeres que son derivadas.
Tanto el Centro de Salud Vigía de Maldonado como el Centro de Pan de Azúcar, realizan todas las etapas de IVE. Sin embargo, este último no cuenta con reemplazo para psicóloga y asistente social, por lo que cuando estas profesionales se encuentran de licencia, las usuarias deben concurrir al Vigía. En Piriápolis no hay asistente social ni psicólogo; se realizan ecografías solamente una vez a la semana, por lo que la mayoría de las ecografías y exámenes de sangre acaban siendo coordinadas para realizarse en Pan de Azúcar, así como también la consulta con psicóloga. Las instituciones no disponen ni es accesible el listado de profesionales de la ginecología dispuestos a brindar el servicio de IVE.
Se identificaron dificultades en la conformación y funcionamiento de los equipos: en muchos casos los profesionales que realizan atención en aborto no se conocen entre sí, por lo que no están al tanto de las opciones para derivar, recurriendo siempre al mismo profesional. Se observa la necesidad de un listado que recoja los nombres del personal médico que realiza atención en aborto ya que permite conocer con qué profesionales se cuenta para derivaciones y coordinaciones, evitando así sobrecargas innecesarias.
Si bien las autoridades y profesionales de los prestadores argumentan que el derecho al aborto y los servicios IVE son de conocimiento de las usuarias, las entrevistas realizadas a mujeres del departamento dan cuenta que aún no saben dónde acudir o qué pasos seguir en caso de transitar por un embarazo no deseado. En el relato de las entrevistas consta que hay funcionarios que pretenden influenciar la decisión de las mujeres, desalentando la práctica del aborto.
Pudieron constatarse consultas innecesarias, demoras e incorrectas derivaciones fueron las formas en que se dilataron los tiempos y que sirven como formas de desestimular a las mujeres abortar. Además las rutas de acceso son complejas, varían de institución en institución lo que se traduce en barreras de acceso a los servicios. Asimismo, la atención y trato hacia usuarias que transitan por un aborto es en algunos casos preocupantes: desestimular la práctica por razones de edad, procurar demoras en la atención para superar las 12 semanas de gestación y cuestionar la motivación para abortar son algunas de las malas prácticas identificadas y que deben erradicarse desde una perspectiva del respeto por los derechos reproductivos y autonomía de las mujeres. En ese sentido, en diversas situaciones se constató que acceder a un aborto en condiciones seguras puede transformarse en una verdadera peregrinación para las usuarias.
Se evidencia la necesidad de un estricto control desde las autoridades sobre estos sucesos, la correcta difusión de los servicios y los derechos conquistados en salud sexual y reproductiva y de aborto en particular.
Más información:
Sobre monitoreo en Maldonado
Comunicado de MYSU ante segunda muerte por aborto clandestino
