Mujer gravemente enferma denegada acceso inmediato a atención médica por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Católicos expresaron consternación ante el retraso por parte de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador en la emisión de su decisión sobre el caso de “Beatriz”, una madre de 22 años de edad que padece lupus e insuficiencia renal y que interpuso un recurso de amparo para que se le permita practicar un aborto terapéutico.
El hecho de que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia haya aplazado la emisión de su decisión por tres semanas más (15 días hábiles) ha prolongado la agonía y la ansiedad a la cual Beatriz esta siendo sometida.
“Beatriz cree que el interrumpir su embarazo es la mejor opción para ella, para su hijo de un año de edad, y para su familia” dijo Jacqueline Nolley Echegaray, Asociada del programa internacional de Catholics for Choice. “La Sala Constitucional esta ignorando las recomendaciones de numerosos expertos médicos, tanto como las buenas practicas de salud pública, los derechos humanos internacionales y la libertad de consciencia de Beatriz misma.”
El aborto está criminalizado en El Salvador bajo todas las circunstancias, y mujeres sospechadas de haber interrumpido un embarazo son sujetas a prosecución criminal. El cargo que enfrentan es el de homicidio agravado. Mujeres declaradas culpables de homicidio agravado bajo estas circunstancias han recibido penas de hasta 30 año de prisión, y proveedores de servicios de salud también pueden ser sujetos a la prosecución criminal por tomar parte en la práctica de un aborto.
Rosa Gutiérrez, miembra de la coordinación de Católicas por el Derecho a Decidir en El Salvador, dijo “Los magistrados de la Sala Constitucional no entienden qué significa la libertad de consciencia. No entienden qué significa sufrir de lupus, y no entienden qué significa que un feto sea anencefálico. Para ellos no es importante la vida de Beatriz, si no solamente ganar. Las mujeres deben gozar de la libertad, pero en El Salvador es todo lo contrario— nuestras vidas no tienen valor, y el feto tiene más derechos que la mujer. Esto tiene que cambiar.”
“Lamentablemente” continuó Nolley Echegaray “los obispos influyen demasiado con respeto a las políticas publicas. Ellos no representan la opinión de los católicos, ni mucho menos la opinión de toda la población. A pesar de esto, oficiales públicos solicitan sus opiniones. Doblar la rodilla a las propuestas draconianas de los obispos en contra del aborto, especialmente en casos como el de Beatriz en que la vida de la mujer embarazada esta en peligro, puede dañar las fortunas políticas de los oficiales públicos. Espero que el electorado no se olvide de esta tragedia totalmente evitable y que en el futuro elijan a personas que resisten la intervención de los obispos.”