En Paraguay porque el aborto está penalizado, en Uruguay porque un equipo de salud acaba de decidir que una niña de 11 años embarazada por un hombre de 41, debe seguir con su embarazo.
En el caso de Uruguay, se entendió que la niña estaba al límite de las 14 semanas que habilita la ley para casos de violación y consideraron las autoridades que no habían razones gineco-obstétricas para hacerle un aborto. Además sostienen que la niña tiene una talla y un peso que le permite seguir adelante con el embarazo y su deseo de ser madre.
La chica tiene trastorno de conducta y funcionamiento intelectual descendido y vive en un contexto crítico de pobreza y marginación. Sus padres buscaron ayuda para que abortase pero los profesionales del Hospital Pereira Rossell, demoraron la intervención para consultar al juez porque había que «respetar la decisión de la niña de ser madre». La edad, y que haya sido seducida y violada por un hombre de 41 años, no fue razón suficiente para que valoraran el impacto sobre la vida de la niña, que ahora será madre.
Las autoridades fundamentan que hay que apostar a la autonomía progresiva de la niña y no violentar su decisión. La directora de la división salud del INAU declaró que «no la podían obligar a abortar» pero que trabajarán con ella para que «pueda tomar la decisión de dar en adopción». Entonces, se le «respeta» que quiera ser mamá aunque se entienda que no puede serlo.
¿Quién pagará el precio de la decisión que el equipo de salud adoptó sobre el futuro de esta niña? Que tanto ella como el bebé no tengan, supuestamente, riesgo de morirse durante el embarazo o el parto, ¿permite afirmar que la intervención técnica y profesional fue para preservar su salud? Que la niña seducida por un adulto quiera ser madre ¿no es en sí mismo todo un problema a enfrentar y tratar de reparar por parte del equipo de salud?
La situación de extrema pobreza en la que se encuentra la familia de la niña deja en evidencia una vez más, que la gente de mayor vulnerabilidad es la más perjudicada. Y que estos casos ocurren porque «no hay protocolo que en situaciones como éstas permitan decir que se actuó con justicia», en referencia a reglas que garanticen el acceso a derechos y que eviten abusos institucionales.
La asistente social que venía trabajando con esta familia desde hace tres años, recurrió a todos los contactos posibles para impedir esta tragedia pero quien la podría haber evitado no lo hizo.
Una niña de 11 años, seducida por un hombre de 41 años, queda embarazada por esa violación y se le hace tener al bebé para convencerla de que lo dé en adopción ¿Eso es proteger la salud de la niña? Si fuera tu hija, ¿qué pensarías?
