El viernes 20 de noviembre se llevó a cabo la 7ª Jornada Nacional por la Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos organizada por Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) junto a la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad del PIT-CNT, en la que participaron más de 200 personas de todo el país.

La Jornada tuvo lugar en el salón de actos de la sede central del PIT-CNT y se extendió, en formato de plenaria, de 9 a 15 horas. Asistieron integrantes de organizaciones feministas y de mujeres, de sindicatos y organizaciones barriales, de personas trans, afro-descendientes y de la diversidad sexual, del movimiento de usuarios de la salud, cooperativas de trabajo, funcionarios de instituciones públicas y privadas de la salud, de la educación y de la atención a la infancia y la adolescencia, miembros de asociación de profesionales, grupos de teatro, además de estudiantes de secundaria y de la Universidad.

El 60% de quienes asistieron lo hacían por primera vez, “lo que demuestra que esta agenda sigue convocando”, señaló la directora de MYSU Lilián Abracinskas. El tercio de asistentes entre 18 y 29 años, el otro tercio entre 30 y 46 y las personas mayores de esa edad completaron el tercio restante. La mitad fue de Montevideo y la otra mitad llegaron desde Salto, Canelones, Rivera, Florida, Artigas, Rocha, San José, Colonia, Río Negro, Cerro Largo, Soriano, Flores, Treinta y Tres, Paysandú y Tacuarembó. Tuvimos además el gusto de contar con la presencia de compañeras de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) quienes al otro día iban a participar del Encuentro de Mujeres Trabajadoras organizadas por el PIT-CNT.

El Objetivo de la 7a Jornada fue analizar el estado de situación de las políticas en salud sexual y reproductiva, el trabajo de las organizaciones sociales y los desafíos a futuro para que los derechos sexuales y reproductivos sean respetados, sin discriminaciones.

Se presentó el nuevo material de MYSU sobre: “Los derechos sexuales y los derechos reproductivos. ¿Qué se necesita para ejercerlos?”, que identifica las distintas responsabilidades que el Estado, la sociedad y las personas tienen para promover, garantizar, exigir y defender estos derechos humanos. También se recordó la aplicación Sexualidapp, disponible gratuitamente para todos los dispositivos electrónicos, que contiene el mapa geo-referenciado de los servicios públicos de salud sexual y reproductiva en todo el país, información sobre anticoncepción, aborto y derechos de adolescentes, y se exhortó a descargarla y compartirla.

También fueron presentadas las actividades desarrolladas por otras organizaciones. La Unión Trans del Uruguay (UTRU) presentó su video “Aquí estamos, abriendo puertas” cuyo propósito es concientizar y sensibilizar a la comunidad sobre la hipocresía y la discriminación que padecen las personas trans para acceder a la educación, al trabajo y a la salud. Diversidad Sexual Fray Bentos (Disef) presentó “Marcha de las novias”, video que registra la performance realizada el 25 de noviembre de 2014 en denuncia de la violencia de género. Otras organizaciones compartieron actividades, logros y dificultades que deben enfrentar para poder cumplir con su tarea.

Abracinskas destacó que el movimiento social ha permeado la política pública y que, aunque en los discursos políticos parezca que la denominada “nueva agenda de derechos” (compuesta por la tríada de leyes de aborto, matrimonio igualitario y regulación de la marihuana) ha sido un logro del gobierno frenteamplista, hay que recordar que dicha agenda se agitó y se sostuvo por el movimiento social. Así como el movimiento social es el que estará dispuesto a defenderla.
Cuando se convocó por primera vez a estas Jornadas en 2012, la aprobación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo era inminente y su contenido había sido rebajado notoriamente en la negociación parlamentaria. Por eso decidimos denunciarlo.

Pero además, lograr leyes no era el final del camino sino el comienzo de una nueva etapa para la que teníamos que prepararnos como movimientos sociales. Acompañar y controlar la implementación de los servicios era uno de los desafíos pero también defenderlos ante cualquier intento de obstaculización o retroceso.

Así en las 3as. Jornadas, en el 2013, se decidió enfrentar la campaña de los opositores históricos al aborto que pretendieron derogar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo a través de una consulta ciudadana. Consulta que fracasó rotundamente y cuyo resultado dio legitimidad ciudadana a esta demanda histórica del movimiento feminista y de la amplia coalición de organizaciones sociales que lucharon por el aborto legal.

Sin embargo la acción de los opositores no se ha detenido y un grupo de 20 ginecólogos interpuso un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) solicitando la anulación de gran parte de los artículos del Decreto Reglamentario de la ley IVE elaborado por el MSP. Su argumento fue que el decreto no daba garantías para ejercer la objeción de conciencia y que se excedía lo dispuesto por la ley 18.987. El fallo final del TCA anuló algunos de los artículos del decreto reglamentario que ahora el MSP deberá analizar para asegurar que el funcionamiento de los servicios de aborto continúe sin inconvenientes. Importa resaltar que la modificación debe hacerse sobre el decreto reglamentario no sobre la ley de IVE, dado que el TCA no tiene potestad para interferir sobre lo promulgado en el Poder Legislativo, sino sobre los asuntos administrativos del Poder Ejecutivo.

De las noticias positivas, se resaltó la reactivación de la Comisión Nacional Asesora en Salud Sexual y Reproductiva a nivel del Ministerio de Salud Pública que MYSU y el PIT-CNT integran. Así como se informó que estaba en proceso la reforma del Código Penal a nivel de la cámara de Diputados en el Parlamento, señalando que era importante que las organizaciones se involucraran en este proceso dado que el texto de reforma era deficitario en varios asuntos relacionados a la violencia de género, el abuso y la explotación sexual en particular sobre niños, niñas y adolescentes, los delitos de lesa humanidad, aborto y otros asuntos vinculados a los DDHH y la justicia de género.

Para abordar el estado de situación de los servicios de SSR, el equipo del Observatorio Nacional en Género y SSR de MYSU presentó el monitoreo que está realizando en los departamentos de Florida, Rivera y Maldonado. Los estudios incluyen el relevamiento de las instituciones de salud públicas y privadas y las prestaciones que brindan, entrevistas a autoridades y equipos de profesionales que integran los servicios, pero también entrevistas a mujeres y varones entre 15 y 49 años con cobertura de salud en cada departamento, así como reuniones con organizaciones sociales locales con vínculo en estos temas. Se compartieron los primeros hallazgos del monitoreo en estos departamentos así como los resultados de los estudios ya finalizados en cuatro de los seis departamentos del litoral del país. La objeción de conciencia, la desinformación sobre la existencia de los servicios, el estigma y la discriminación hacia las personas por las diversas decisiones en el campo de la vida sexual y reproductiva así como la percepción sobre la falta de confidencialidad de los servicios, fueron algunos de las barreras y obstáculos identificados para el acceso a estas prestaciones.

Desde la audiencia, quienes trabajan en distintas instituciones de salud, completaron el estado de situación a partir de sus propias experiencias. Destacaron la escasa o nula capacitación del personal de salud, incluyendo el administrativo, lo que genera situaciones de vulneración de derechos hacia quienes consultan. Se reitera en varias instituciones la actitud de ecografistas y ginecólogos pretendiendo imponer su sistema de valores ante la mujer que solicita el procedimiento para IVE, contraviniendo las normas y guías procedimentales. Asimismo, hubo reclamos por la falta de recursos para implementar correctamente los servicios de SSR y aborto; también preocupación por la mercantilización del embarazo, el aumento de cesáreas, la obligatoriedad de estudios como la mamografía, o la sugerencia de vacunar a adolescentes mujeres contra el virus de HPV sin que exista la adecuada información para la toma de decisiones.

La atención de personas con diversas orientaciones sexuales e identidad de género sigue siendo estigmatizadora y fragmentada sin dar respuesta a la integralidad de requerimientos en salud de esta población. Sigue existiendo el prejuicio de que toda persona trans es trabajadora sexual y portadora de VIH. Pero además a las personas que realizan trabajo sexual tampoco se las atiende en todos sus requerimientos y el abordaje se limita a la prevención de las infecciones de transmisión sexual.

La violencia obstétrica y el maltrato a mujeres durante el embarazo, parto y puerperio fue otra de las problemáticas señaladas así como el déficit de los servicios para dar un abordaje integral a las situaciones de violencia intrafamiliar y sexual.

La población adolescente y sus derechos fue otro de los asuntos que requieren de mayor atención. Se identifica la falta de acompañamiento adecuado, desde el mundo adulto, para el desarrollo de la sexualidad de forma plena sin abusos ni violencias. Se necesita destinar los mayores esfuerzos tanto desde el sistema educativo (incluyendo la educación sexual), las políticas públicas y el trabajo de las organizaciones sociales para generar las garantías que esta población requiere.

Muchos de los diagnósticos y propuestas que fueron planteándose en este evento coinciden con los contenidos de la Plataforma Ciudadana por la salud y los DSR que fue acordada en la 5ª Jornada realizada en julio de 2014. Si bien este es un espacio de encuentro abierto, participativo y no institucionalizado el contar con una plataforma común, desde la cual fundamentar y articular acciones, es muy valorable y da respaldo al trabajo de cada organización en cada lugar que se encuentre.

Si bien no estaba entre los cometidos de este encuentro acordar un posicionamiento común, de todas maneras se plantearon las siguientes recomendaciones:

a) Informarse para informar y promover el uso de los servicios existentes.

b) Solicitar información a las instituciones haciendo uso de la ley de Acceso a la Información Pública.

c) Fortalecer el sistema de denuncia cuando los servicios no funcionan o la atención es de mala calidad.

d) Promover la formación continua y calificada en SSR, en género, en prevención de ITS, en abordaje de situaciones de violencia y en atención a adolescentes.

e) Ejercer una incidencia política informada, realizar denuncias basadas en evidencia y elaborar propuestas sustentadas en argumentos sólidos.

f) Fortalecer a las organizaciones sociales en su capacidad de promover cambios sociales y culturales.

g) Desarrollar acciones innovadoras para erradicar toda forma de estigma y discriminación, particularmente en todo lo vinculado al ejercicio de los DSR.

g) Politizar la acción de las organizaciones sociales para promover ciudadanías sexuales y reproductivas como dimensiones del ejercicio de los derechos humanos.

Cada persona, cada organización, cada institución desde el lugar que ocupa puede reproducir el sistema o contribuir a transformarlo.

Montevideo, 20 de noviembre de 2015.