Editorial. Desde que el país recuperó su normalidad institucional, se han presentado varias iniciativas, varios proyectos de ley con los que se pretende hacer frente a una realidad que está ahí -y que ha estado ahí desde hace muchos decenios- aunque la sociedad y el sistema político lo hayan ocultado hipócritamente.

Durante el gobierno del doctor Jorge Batlle –la última legislatura antes del triunfo de la izquierda- un proyecto de ley naufragó en el Parlamento al no contar con los votos suficientes en las cámaras legislativas. Bajo el primer gobierno frentista, los impulsores de la despenalización del aborto presentaron un nuevo proyecto que recogía lo fundamental del espíritu del anterior; como todos recordarán, el proyecto obtuvo sanción legislativa pero mereció el veto del doctor Tabaré Vázquez.

Conviene aclarar aquí que comporta un grave error conceptual plantear la cuestión en términos de estar a favor o en contra del aborto. Nadie está a favor del aborto; se está en contra de que tal práctica esté penada por la ley. Y, desde luego, la despenalización del aborto no implica que este sea declarado obligatorio…

En la presente Legislatura, la doctora Mónica Xavier volvió a presentar un proyecto muy similar al anterior que, con algunas modificaciones, resultó aprobado en el Senado. Sin embargo, al conocerse que la iniciativa no contaría con los votos suficientes en la cámara baja, luego de arduas negociaciones con el diputado independiente Iván Posada, se llegó a un proyecto que sí podrá ser aprobado en el pleno de Diputados; en ese caso, volverá al Senado para que el alto cuerpo apruebe las modificaciones introducidas en la otra cámara.

Somos respetuosos de todas las creencias y de todas las posturas filosóficas respecto de tan delicado asunto. Entendemos perfectamente bien a quienes son contrarios a la interrupción voluntaria del embarazo. Pero por lo mismo, esperamos de ellos una actitud diferente a la que suelen adoptar. Una cosa es no estar de acuerdo con el aborto y otra muy distinta es militar por mantener el castigo establecido en el Código Penal.

El fundamentalismo contra la despenalización del aborto ignora una realidad insoslayable, la oculta o prescinde de ella en función de principios o creencias. Y esa realidad –que existe desde siempre- señala que la penalización del aborto no ha tenido ningún efecto disuasorio y que llevó a la práctica abortiva en condiciones pésimas de higiene para quienes no disponen de medios para pagar una buena clínica clandestina.

Fuente: Diario La República