Gabriela, Laura, Sandra; nombres propios – reales o ficticios – que han ocupado parte de la prensa estival de un enero montevideano en receso. Detrás, tres casos de mujeres frente a la ley reglamentada en noviembre de 2012. Para evaluar logros y dificultades en su implementación, la palabra de Ana Lima de CLADEM y la de Lilián Abracinskas, de MYSU, no se toman licencia, aunque ellas estén de vacaciones.
Por Lourdes Landeira
El caso de Gabriela trascendió por tratarse de la primera mujer en acceder a una interrupción voluntaria de embarazo, en el Hospital de Maldonado. Ella asegura – de acuerdo a lo publicado en los medios – que se cumplieron todos los pasos indicados en el procedimiento, aunque sobraron arbitrariedades: risas burlonas, soberbias, invitación a escuchar los latidos del corazón, comentarios en voz baja, gestos de desaprobación. Lilián Abracinskas es la directora de la organización no gubernamental MYSU -Mujeres y Salud en Uruguay-. Consultada al respecto, explica: “Como esta ley es tan burocrática, si tenés funcionarios que te faciliten las cosas vas muy bien, pero si no, te la pueden complicar, por eso se vuelve importante trabajar más allá de los profesionales específicos. Nosotras vamos a establecer un sistema de monitoreo con los gremios de la salud para detectar si hay casos de acoso o violencia”.
La burocracia a la que se refiere Abracinskas incluye que la mujer que decide abortar debe atravesar por el “tutelaje profesional” que la obliga a la consulta interdisciplinaria con profesionales de ginecología, psicología y asistencia social, además de tener que dar explicaciones acerca de su decisión y estar obligadas a reflexionar por 5 días. “La ley te obliga a reflexionar, como si nosotras no reflexionáramos por nosotras mismas”, sentencia con razón. Y agrega: “a algunas se les piden demasiadas explicaciones y a otros muy pocas”.
Así alude a la “corporación médica” que dice sentirse perseguida porque los ginecólogos y ginecólogas que se niegan a realizar la práctica deben fundamentar su decisión. La objeción de conciencia se ha presentado como un obstáculo a la materialización de la ley. Es que además de las sociedades Círculo Católico y Hospital Evangélico que se rehúsan a practicar interrupciones de embarazo (están obligadas a prestar el servicio a sus afiliadas a través de otras instituciones), hay un porcentaje significativo de médicas y médicos que se manifestaron en el mismo sentido. En el departamento de Salto, por ejemplo, la totalidad de especialistas presentó objeción de conciencia.
Laura es Laura Galván y fue atendida en un hospital del departamento de Canelones. Declaró a la prensa que va a denunciar mala praxis porque no le suministraron mifepristona junto con el misoprostol y la medicación no hizo efecto. Se determinó que el método había fallado tres días después de las doce semanas previstas por la ley y quedó fuera del plazo para que se le practique el aborto por legrado. Abracinskas conoce el caso. Pero también reconoce que hay en el país mifepristona y que se habilitó rápidamente su uso. Esa droga, combinada con el misoprostol, hace mucho más efectivo el aborto no quirúrgico. Sin embargo, también dice que el sistema de legrado está fuera de práctica por riesgoso, pero la formación obstétrica en Uruguay no incorporó todavía el aborto por aspiración. “Hay muchas tensiones en juego, la iglesia católica y los grupos antiabortistas son incansables y buscan todos los resquicios, pero también hay otros intereses y es muy difícil saber hasta dónde las resistencias pasan por un tema filosófico y religioso y hasta dónde exceden”.
Sandra es una mujer que intentó abortar mediante la aplicación clandestina de un oxidante cuya venta está prohibida en el país. Según publicaciones de varios medios locales, ella conocía la ley pero tuvo vergüenza de ejercer su derecho. La directora de MYSU sostiene que culturalmente la práctica del aborto está despenalizada de hecho y que en contraposición a lo que el cuerpo profesional pensaba, las mujeres están haciendo uso de los servicios y, en general, se están acercando en forma temprana. “La ley no sólo es complicada y detallista en los requisitos para acceder, sino que va en contra de la estructura del sistema de salud. En el interior del país no todos los servicios públicos cuentan con asistentes sociales. No está garantizada la presencia simultánea de las tres especialidades que deben participar en la consulta: ginecología, psicología y asistencia social. Las mujeres que viven en pueblos sin servicio deben enfrentar el costo de los traslados.” Aunque desde MYSU consideran que la ley es “pésima” porque mantiene el aborto como delito, Abricinskas no duda sobre los beneficios de su vigencia. Y asegura que someterla a consulta popular sería un absurdo, porque se estaría eligiendo entre que “el aborto siga siendo clandestino o que haya servicio seguro de aborto.”
El médico Tabaré Vázquez, ex presidente de la república y probable candidato presidencial en el 2014, no sólo vetó la ley de legalización de aborto cuando estaba al frente del Poder Ejecutivo, sino que ya puso su firma en la campaña para llevar a plebiscito la actual ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo. Habrá que ver qué voluntades y qué conciencias tienen más peso en el Uruguay. Y para eso, desde MYSU tienen tres líneas de acción: explicitar y clarificar criterios, realizar un monitoreo ciudadano y hacer trabajo político, sin bajar los brazos. Lilián Abracinskas, entiende la importancia que tiene para la región lo que pase en su país: “si logramos un buen registro y se reconoce que esto entra en el campo de la autonomía y la libertad de las personas, si así lo entienden los servicios y transita sin grandes dramas, es una muy buena situación para poner como ejemplo en otros países”.
Si de conciencias hablamos, es bien sabido que la legalización del aborto no obliga a ninguna mujer a practicarlo, sino que garantiza el derecho a su acceso para quienes así lo decidan. En contraposición, quienes se oponen, atendiendo a razones filosóficas o religiosas personales, pretenden imponer su postura a toda la humanidad. Así, los estados laicos que no garantizan el acceso al aborto, hacen prevalecer las posturas de un sector de la población y las imponen al resto, echando por tierra los derechos básicos de igualdad y libertad. Hoy Uruguay ejerce y ejercita una ley que, a pesar de sus deficiencias, suma derechos a las mujeres. Sin descanso.
Fuente: Comunicar Igualdad