Uno de los principales retos para las mujeres migrantes en Uruguay es que no pueden acceder a un aborto seguro y legal si no tienen al menos un año de residencia en el país, tal como lo establece el artículo 13 de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

“Hemos denunciado que la ley incumple con la convención de los derechos de las personas migrantes que el Estado uruguayo ha asumido”, explica Lilián Abracinskas, directora de la organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU). Para ella, “plantear que las personas migran para abortar o que hay ‘turismo abortivo’ no funciona para ningún otro requerimiento de salud. Por ejemplo, hacemos colectas cuando la gente tiene que viajar para adquirir medicamentos o realizarse una operación que no se puede hacer en el país”.

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