Los ginecólogos recomiendan a quienes quieren abortar el Misoprostol, pero no lo prescriben y tampoco practican abortos que estarían eximidos de pena por ley. Todo se debe al «miedo».

GELSI AUSSERBAUER

El periplo fue largo y angustiante. El lunes, una adolescente de 14 años oriunda de una ciudad del Interior llegó a Montevideo y recorrió una farmacia tras otra, acompañada de su abuela. Era esta última la que consultaba si vendían Misoprostol, el fármaco que en los últimos años se ha convertido ­prácticamente- en el único mecanismo para abortar en nuestro país, aunque esta sea una práctica delictiva.

En todas las farmacias le contestaron lo mismo: para comprarlo, requería una receta médica. La mujer no la tenía, pero sí traía una orden judicial que solicitaba que a la adolescente le practicaran un aborto porque había quedado embarazada producto de una violación. En la ciudad de la que es oriunda le dijeron que su «problema» solo podría solucionarse en Montevideo. Pero una vez en la capital en ningún centro supieron asesorarla. La frase se repetía: «pregunte en una farmacia». Sin embargo, el «problema» no tuvo solución, no al menos hasta que quien aportó este testimonio a LA REPÚBLICA tuvo noticias.

La Ley de Salud Sexual y Reproductiva aprobada en 2008 dio valor de ley a la Ordenanza 369/04 del Ministerio de Salud Pública (MSP), vigente desde 2004, «acerca de la atención integral en los casos de embarazo no deseado-no aceptado, denominada ’Asesoramiento para la maternidad segura, medidas de protección materna frente al aborto provocado en condiciones de riesgo’».

Desde entonces, los ginecólogos orientan a todas las mujeres que deseen interrumpir su embarazo, antes y después de que lo hagan. Sin embargo, el aborto sigue siendo penado por la ley, por lo que no pueden practicar abortos ni entregar Misoprostol, la droga indicada para tratar úlceras que se utiliza para inducir partos y también para abortar. Tampoco lo recetan.

Leticia Rieppi, coordinadora del Área de Salud Sexual y Reproductiva del MSP, refutó que sea ilegal prescribir Misoprostol. No obstante, concedió que los profesionales no lo hacen «por miedo» a las consecuencias legales.

Por otra parte, farmacéuticos consultados por LA REPÚBLICA informaron que, a través de comunicados del MSP, les indicaron que solo pueden vender Misoprostol con receta firmada por un gastroenterólogo. Lilián Abracinskas, codirectora de la ONG Mujer y Salud Uruguay (MYSU), dijo que la cartera emitió esta disposición durante la administración de Tabaré Vázquez. Ginecólogos confirmaron a LA REPÚBLICA que en su momento les prohibieron prescribir este medicamento y jamás recibieron una contraorden. Además, agregaron que es la única droga que solo puede recetar un especialista en particular en nuestro país, de acuerdo a la información que manejan.

Desde que los médicos asesoran a las pacientes antes y después de abortar (recomendándoles el uso de Misoprostol, si están decididas a hacerlo), las cifras de mortalidad materna han bajado considerablemente (ver recuadro). Sin embargo, el Misoprostol no se adquiere en las mutualistas y tampoco ­por derecha- en las farmacias, aunque responsables de estos comercios admitieron que sí se puede conseguir «en la del barrio», cuando hay seguridad de que la «clienta» no es una inspección ministerial. Por eso surgió un mercado negro que se expande cada vez más.

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20% desiste de abortar

* La coordinadora del Área de Salud Sexual y Reproductiva del MSP defendió el asesoramiento pre y post aborto que marca la ley. «Permite que las mujeres interrumpan voluntariamente su embarazo con el menor riesgo posible, lo que disminuye la morbilidad y la mortalidad», afirmó.

La información incluye hasta qué momento del embarazo se puede abortar, o qué hacer si la mujer cursa una infección o tiene anemia. Además, se explica que el único método seguro es el farmacológico, es decir el Misoprostol, y se agrega que, aunque excepcionalmente, este no provoca la interrupción de la gravidez en el 100% de los casos. «La orientación no estimula a ninguna mujer a interrumpir su embarazo. Al contrario, un 20% de las pacientes que asesoramos opta por no hacerlo», dijo la profesional.

Rieppi agregó que el varón se está involucrando cada vez más en esta decisión. El MSP está buscando financiación para hacer un estudio al respecto, algo que no será sencillo porque «todo está en el plano de la confidencialidad».

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CLINICAS CLANDESTINAS CASI HAN DESAPARECIDO PERO SON MAS «RIESGOSAS»

Sin muertes desde 2008

Desde que los ginecólogos asesoran pre y post aborto ­es decir, desde 2008-, la mortalidad materna se redujo notoriamente. Cuando surgió esta orientación (bajo el nombre Iniciativas Sanitarias), en el Hospital Pereira Rossell, el 47% de las muertes maternas tenía causa obstétrica, entre ellas el aborto en condiciones de riesgo.

Entre 2008 y este año, ninguna mujer murió por interrumpir su embarazo. En 2010 hubo cuatro muertes maternas en nuestro país, pero ninguna de ellas tuvo causa obstétrica, informó la coordinadora del Área de Salud Sexual y Reproductiva del MSP.

El uso del Misoprostol, señaló, explica el fenómeno. Es que las clínicas de abortos clandestinas casi han desaparecido.Las que hay, cambian de local permanentemente y pasan a buscar a la embarazada por su casa y sola.Esto las ha convertido en un «riesgo mayor que antes», informaron fuentes.

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«DAR MISOPROSTOL EN UNA RED SOLIDARIA ES COMO VENDER PASTA BASE»

Fuera de la farmacia, la mayoría son placebos

Basta salir del Pereira Rossell para observar varios «dealers» que ofrecen Misoprostol. Al comprarlo, el riesgo es grande. La mayoría son placebos o están vencidas. En las farmacias, el medicamento se vende al público en paquetes de 28 pastillas. Su precio es de alrededor de .200, es decir $ 328 por píldora. En la puerta del Pereira cuestan más, pero no es necesario comprar las 28.

Acceder al Misoprostol por Internet es muy sencillo. En Facebook se ofrecen varios correos electrónicos y números de celular de vendedores uruguayos. LA REPÚBLICA se contactó con uno de ellos.

La mujer, oriunda de Maldonado, viaja una vez por semana a Montevideo y se encuentra con el comprador. Cada pastilla cuesta $ 600, y recomienda adquirir cuatro si se cursa el primer mes de embarazo. «Comprá 8 si estás de dos», explica. Por lo tanto, adquirir el fármaco costará, por lo menos, $ 2.400. Si el apuro impide esperar, la mujer ofrece envíos que se pagan con giros en una red de pagos. «Te llega a Tres Cruces en dos horas». Además del mercado negro, la doctora Leticia Rieppi recordó que hay «redes solidarias de mujeres en las que ellas se consiguen el Misoprostol» . Sin embargo, la codirectora de MYSU dijo no conocer ninguna. «Dar Misoprostol en una red solidaria es lo mismo que vender pasta base», graficó. «Una autoridad sanitaria no puede basarse en eso. Son ellos los que deberían dar respuestas».

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La ley exime, médicos temen

* Abracinskas es muy crítica con el manejo de este tema por parte de las autoridades. Afirmó que todos los días MYSU recibe varias llamadas de mujeres que, luego de ser asesoradas por un ginecólogo, no saben adónde acudir para efectuar la interrupción del embarazo. «El MSP no es claro sobre lo que se puede esperar de los servicios de salud sexual de cada institución», sostuvo. Abracinskas fue enfática en que «las mujeres no tienen respuestas» porque el aborto es una práctica penada por la ley y los profesionales que la transgredan pueden ser penados.

«En realidad vos no le podés decir a una mujer que se haga un autoaborto. Nadie le va a dar garantías», resumió la codirectora de MYSU. Gran parte de estas mujeres, añadió, van a sufrir no solo consecuencias físicas, sino psicológicas, y sin acompañamiento. A esto se suma que pueden ser procesadas por un delito que solo podrá ser exonerada si un juez evalúa que la práctica está amparada por las tres causales que marca la Ley 9.763: violación, riesgo para la salud de la madre y angustia económica.

Quien decide si el caso se incluye en estas excepciones es la Comisión Asesora sobre la Interrupción de la Gestación, creada del MSP. Pero, denunció Abracinskas, su funcionamiento no está regulado con claridad. Algunos interpretan que una mujer que ha quedado embarazada producto de una violación puede recurrir a cualquier ginecólogo, que debería practicar el aborto y luego informar a la Comisión (con fines epidemiológicos) y enviar la historia clínica de la paciente, manteniendo su privacidad. Posteriormente, si el aborto fuera denunciado, el juez no debería procesar. Pero en los hechos, los médicos no se animan a efectuarlo y no están informados. Por eso es que algunas mujeres que quieren abortar «legalmente», como la adolescente que llegó a Montevideo con su abuela, no encuentran a nadie que quiera hacerse cargo. LA REPUBLICA accedió a varios testimonios.

Abracinskas añadió que la Comisión Asesora sobre la Interrupción de la Gestación solo está aprobando casos en que está en riesgo la vida de la madre o se prueba la malformación fetal, aunque la ley no recoge esta última causal. «Dicen que una violación es muy difícil de probar. Y lo de la angustia económica es muy relativo».

Al respecto Leticia Rieppi admitió que cualquier médico podría practicar el aborto y luego informar a la Comisión, pero aclaró que «tienen miedo». «La ley no despenaliza el aborto, sino que establece que la violación o la angustia económica son solo eximentes», añadió. Concedió además que estos «no quedan claros, como la angustia económica».

Por otra parte, Rieppi dijo que la mayoría de los casos que recibe la Comisión «lamentablemente no respetan el anonimato».

Fuente: Diario La República