Feministas están disconformes con la aplicación de la ley. En Salto todos los ginecólogos se negaron a recetar medicación abortiva por objeción de conciencia, por lo que las mujeres debían viajar a Artigas o a Montevideo para realizarse un aborto legal, hasta que el Ministerio de Salud Pública (MSP) en agosto –ocho meses después de la entrada en vigencia de la ley– encontró a una especialista del Pereira Rossell dispuesta a viajar una vez por semana al departamento norteño para atender a las mujeres que quieran abortar.
Según un relevamiento realizado por la organización feminista Mujer y Salud (MYSU), sobre la ginecóloga montevideana recae la etapa del Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) 3, que consiste en recetar el fármaco, pero también el IVE 2, que es la fase del asesoramiento a la paciente. A pesar de que la normativa establece que la objeción de conciencia solo aplica para el IVE 3, los objetores en Salto se niegan a realizar otras etapas del procedimiento, según MYSU. En el colectivo dijeron a El Observador que situaciones similares se repiten en otros lados.
Estas críticas fueron señaladas en la 4ª Jornada Nacional por la Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos, organizada por MYSU y el Departamento de Género del PIT-CNT, realizada el sábado pasado, en la que participaron 200 personas entre personal de salud, representantes de colectivos de usuarios y otras organizaciones. Allí se volcaron anécdotas de mujeres que han tenido dificultades para hacerse abortos legales.
Aseguraron, por ejemplo, que en las mutualistas Círculo Católico y Hospital Evangélico, que por su objeción de ideario derivan los casos a otras instituciones, las pacientes son “despachadas” apenas dicen “aborto”.
En ese sentido, los participantes criticaron la “postura triunfalista” del MSP, y en particular del subsecretario Leonel Briozzo. Dijeron que “uno no puede terminar festejando porque el aborto ya está”, cuando aún persisten dificultades. También mencionaron el fallecimiento de una mujer por intentar un aborto clandestino, hace unas semanas.
En una declaración que redactaron advierten: “Es imprescindible una mayor voluntad política para la resolución de los problemas en la implementación de los servicios de salud sexual y reproductiva de forma tal que sean sustentables y no soluciones parciales de dudosa permanencia en el tiempo”.
Señalaron que en Salto, cuando la ginecóloga se enferme o se vaya de licencia, las consultas volverán a derivarse. “No es deseable para el profesional, termina siendo identificado como el médico abortero. Es difícil sostener ese recurso humano sin que colapse”, agregó un integrante del colectivo.
Al respecto, en MYSU dijeron que en los departamentos más pequeños es difícil mantener la confidencialidad y que el “estigma” del aborto cae sobre las mujeres, de modo que muchas siguen optando por la clandestinidad.
Según datos del MSP en los primeros seis meses de aplicación de la ley, se practicaron 456 abortos por mes. Briozzo presentó los datos y dijo que eran motivo de “orgullo” porque con esos números, la tasa de abortos en Uruguay es equiparable a la de países de Europa como Francia, España o Inglaterra.
Demoras por falta de formularios
En algunas policlínicas de Montevideo no tienen copias de los formularios necesarios para comenzar el procedimiento del aborto legal. Según contaron participantes de la 4ª Jornada Nacional por la Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos, esto ha implicado demoras en algunos casos. El aborto solo es legal si se realizan todas las etapas estipuladas, inclusive los cinco días de reflexión, antes de las 12 semanas de gestación.