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MYSU en los medios

Aunque la realidad rompa los ojos, no existimos en las prioridades del gobierno

Publicado el 08/03/2021

Columna de opinión de Lilián Abracinskas para el Semanario El Popular en el marco del 8M

Para quien dijo que algunas feministas nos creemos “el ombligo del mundo” cuando reclamamos por nuestros derechos, luego del discurso del presidente ante el Parlamento para rendir cuentas sobre el primer año de su gestión, queda claro que somos un cero a la izquierda para esta administración de gobierno.

A pesar de que las demandas feministas se sustentan en realidades inobjetables y las propuestas impulsadas para alcanzar ciudadanía plena han sido siempre fundadas en evidencia. Aunque los datos que miden las inequidades e injusticias de género sean muy preocupantes y den cuenta de los impactos diferenciados que, sobre hombres y mujeres, tienen las crisis y los cambios en los contextos políticos, económicos, sociales y culturales que vulneran derechos humanos. Cuando ya es inocultable el impacto de la violencia estructural que significa la división sexual del trabajo, la doble moral sexual, la segregación de los espacios de decisión y las relaciones de género inequitativas y autoritarias del sistema de poder patriarcal. Aunque se hayan hecho públicas situaciones intolerables de violencia sexual que alcanzan a niñas, niños, niñes, adolescentes, jóvenes, mujeres y disidencias. Nada de esta dimensión de la realidad estuvo en el discurso del presidente.

Las mujeres y disidencias de género para el Poder Ejecutivo no somos ni sector, ni ámbito, ni población impactada por la crisis social y económica que trajo la pandemia, a pesar de que su llegada hizo más evidentes y visibles las injusticias generadas por un sistema tan capitalista como patriarcal, clasista, racista, sexista y conservador.

La gestión del primer año de gobierno no registró que las mujeres somos la primera fila en los cuidados de niñas, niños, adolescentes, ancianos/as y personas en situación de discapacidad: de cada 11 mujeres realizando estas tareas en Uruguay, hay un varón ocupándose de los cuidados. El confinamiento y el teletrabajo sobrecargaron el cuidado en las familias, pero la promoción de la corresponsabilidad y el destino del Sistema Nacional de Cuidados brillaron por su ausencia en las acciones para mitigar los impactos de las crisis sanitaria y económica.

La medida #QuedateEnCasa no tuvo en consideración la otra emergencia social (decretada por la administración Vázquez y ratificada por la de Lacalle Pou) provocada por la violencia sexual e intrafamiliar. Durante 2020, cada 9 días se mató o se intentó matar a una mujer por razones asociadas al género, hubo una denuncia por violencia doméstica cada 13 minutos y 2 de cada 3 femicidios ocurrieron en los hogares.

Pero la violencia doméstica sólo tuvo una breve referencia en la intervención presidencial, en el marco de la valorada como exitosa acción del Ministerio del Interior y como un delito que registró descenso al igual que el de abigeato (sic).

El principal gasto informado para la atención de la violencia intrafamiliar fue la compra de 1.700 tobilleras, la creación de la Dirección Nacional de Política de Género en el Ministerio del Interior (que lejos de mejorar deteriora la respuesta) y la asignación de viviendas para mujeres víctimas de violencia en situación de calle y con niños a través del Plan de recuperación de fincas abandonadas de la Intendencia de Montevideo. Eso fue todo y parece que no habrá mucho más.

El abuso, desaparición, muertes y explotación sexual de niños, niñas, adolescentes, mujeres y disidencias registran cifras escalofriantes, particularmente en determinados lugares del país, pero evidentemente el gobierno no se hace cargo.

En el campo de la Salud Sexual y Reproductiva (que es el de mi experticia) advertimos a autoridades de los resultados obtenidos en el seguimiento a estos servicios que venimos realizando con el Observatorio de MYSU, desde 2007. Durante el año pasado dedicamos los esfuerzos a monitorear el funcionamiento durante la crisis sanitaria y los resultados fueron enviados a comisiones parlamentarias y autoridades de los ministerios involucrados. Nadie lo escuchó y tampoco las instancias de diálogo en las que habíamos participado en administraciones anteriores, se volvieron a convocar. La Comisión Sectorial de Población y Desarrollo funcionó en la OPP hasta diciembre de 2019 y no se ha tenido mayores noticias sobre su destino. La Comisión Asesora en salud sexual y reproductiva creada en 2004 en la órbita del Ministerio de Salud, jugando un rol sustantivo en el tránsito de las tradicionales políticas materno-infantiles hacia políticas integrales en salud sexual y reproductiva dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud, jamás volvió a ser convocada.

En este año se buscaron las formas para volver con la movilización social adoptando las medidas de cuidado para protestar en tiempos de COVID. En conjunto con el grupo de jóvenes Gozarte se realizó el 28 de mayo de 2020, día de acción mundial por la salud de las mujeres, la intervención de “Las Criadas” en Torno al Palacio Legislativo advirtiendo sobre los riesgos de retrocesos ante los logros conquistados. La movida logró gran impacto público y se ha convertido en imagen de resistencia y lucha ante la restauración de una trama autoritaria que emerge en el país y en el continente.

Como ciudadanía organizada procuramos por todos los medios alertar a gobernantes y legisladores que los vacíos e irregularidades detectados en el funcionamiento de los servicios de salud sexual y reproductiva, en los que se incluyen los de interrupción legal del embarazo, podrían acarrear consecuencias negativas irreparables. En diciembre de 2020 en el Hospital de Treinta y Tres muere una adolescente de 14 años por aborto, la primera muerte por aborto en los servicios legales. Hasta la fecha ninguna autoridad se ha hecho cargo y tampoco el presidente en su discurso. La población adolescente, otra gran ausente en las prioridades gubernamentales, está particularmente afectada por la orientación represiva de las políticas de “seguridad”. El debilitamiento del sistema público de educación y la caída de los planes dirigidos a compensar las desigualdades en esta franja etaria, lejos de asegurar derechos sin exclusiones, hará que sólo gocen de ellos quienes tengan el “mérito” por pertenecer a las familias privilegiadas. Mientras tanto las redes de explotación y trata siguen actuando impunemente en el país. Sin embargo, la única mención en relación a los derechos sexuales y reproductivos fue una escueta referencia a modificar los mecanismos para acelerar los procesos de adopción, desoyendo también a madres y padres adoptantes que han señalado que los cambios no garantizarían los derechos de niñas, niños y adolescentes bajo la protección del Estado. Nada más.

Las mujeres somos la mayoría en el sector educativo, en el de la salud, en el de servicios y en el de turismo; las más impactadas por la informalidad y peor pagas por desempeñar las mismas tareas que los varones. Casuales casualidades, esos sectores son los más afectados por las políticas de “ahorro” en el presupuesto quinquenal y dos tercios del recorte presupuestal corresponden a incisos del gasto público social. Las reducciones salariales y pérdida de puestos de trabajo en esos sectores lo pagarán particularmente las mujeres, muchas de ellas a cargo de la jefatura del hogar y sustento de sus hijes.

En el sector de la salud, por cada varón hay 4 mujeres brindando servicios y atención.

En los cargos de poder del gobierno cada 4 varones hay una mujer designada en un cargo. Ni hablar de las diferencias abismales en los salarios cuando en un lado las mayorías son unas y en el otro, los otros.

La supremacía masculina alcanza casi el 80% de los cargos del Poder Ejecutivo ocupados por varones, blancos, conservadores y de los sectores más privilegiados. Estos varones (y las pocas mujeres) que gobiernan forman parte de las mismas élites que definieron un contrato y orden social basado en códigos, normas y criterios que nos tutelaron y negaron derechos cercenando las condiciones para ser ciudadanas plenas. Sabíamos que el escenario de un gobierno de coalición de partidos conservadores y de derecha no era auspiciante para la agenda feminista y de la igualdad de oportunidades, pero la gestión de este primer año superó las previsiones más adversas.

Este 8 de marzo, de formas diversas, volveremos a manifestar porque nuestros reclamos siguen vigentes y convocan a las nuevas generaciones que abrazan la causa feminista entre otras luchas emancipatorias. Siempre supimos que las feministas no caemos bien en sociedades machistas y conservadoras por eso decidimos transformarlas dado que es condición indispensable para la construcción del mundo sin injusticias por el que bregamos. Obviamente que la revolución de la que formamos parte no nació para obedecer al sistema patriarcal, todo lo contrario. Por lo tanto, una vez más y aunque haya que reiterarlo tantas veces como sea necesario, exigimos ser respetadas como portadoras de derechos y demandamos que el Estado, desde todas sus instituciones, atienda las enormes brechas de desigualdad de género priorizando en políticas, recursos y servicios que aseguren trabajo y salario dignos, acceso a la vivienda, educación pública, salud integral, sistema de cuidados, seguridad alimentaria y respuestas efectivas para mujeres y disidencias, especialmente afectadas por la crisis y la violencia de género estructural.

Esa es la democracia que contribuimos a recuperar y que vamos a defender porque el país que queremos construir y que nos merecemos es el de la igualdad y bienestar sin exclusiones. Por lo tanto, y hasta nuevo aviso, estamos en lucha y resistencia.

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