Kafka juega en el bosque En la mayoría de los países desarrollados, el aborto es legal por la sola solicitud de la mujer o tomando en consideración criterios de tipo social y económico. Los servicios, además, son accesibles y se encuentran disponibles. En los países donde existen fuertes trabas legales para el aborto inducido y no hay provisión de esta práctica, el aborto seguro es frecuentemente un privilegio de los ricos. Organización Mundial de la Salud-2012(1).

En el Frente Amplio se trabaja para evitar que concluya otro gobierno progresista sin tocar la añeja y malparida legislación sobre aborto. El camino elegido fue tomar como bueno, para esos efectos, un proyecto de un diputado opositor al FA… y a despenalizar el aborto. Un posible acuerdo con éste habilitaría que aportara el voto que –hasta ahora- le falta al gobierno para aprobar una liberalización del aborto. Si se hiciera Ley el texto que discutirá una comisión especial de la Cámara de Diputados, la situación jurídica y práctica para abortar no cambiarían mucho respecto a las vigentes desde 1938 hasta hoy día. El cambio podría ser que nuevamente prospere la fantasía que en Uruguay el aborto está despenalizado o legalmente permitido. Lo cual sería falso sin vueltas ni atenuantes.

El acompañamiento a mujeres en situación de aborto durante sus recorridos para realizarlos permite saber cuáles son las principales barreras que deben removerse para que un cambio legal sea significativo. El estudio de experiencias internacionales y legislación comparada nos enseñaron con qué palabras se escriben las leyes que amplían los derechos. El texto que se propone para obtener el voto que falta no va en esa dirección, ni siquiera con los cambios propuestos por el FA.XXX

Primero y fundamental, porque no despenaliza ninguna situación de aborto. Apenas produce una promesa de dejar en suspenso la carga punitiva toda vez que la mujer necesitada de abortar se someta y derrote a una burocracia creada con el cometido de hacerla desistir. Si la burocracia fracasa y la mujer persiste en su intención, el procedimiento podría llevarse a cabo siempre que la interesada admita registrar, bajo firma, su condición de abortadora. Ese es el contenido de los primero artículos, donde se revela el alma del proyecto. Todo lo demás es relleno retórico: se mantienen todas las situaciones de aborto sin despenalizar y las instituciones tienen obligación de presionar moralmente a las mujeres que quieren abortar –aunque en el texto se escribe que no debe ser así. No tengo espacio ni necesito glosar todo el proyecto; digo simplemente que todo él se organiza para restringir el acceso a abortos seguros y descalificar a quienes lo soliciten. Ello se evidencia en que no se prevea ninguna sanción (penal ni administrativa) para cuando el Estado o los prestadores de salud impidan, por negligencia o mala fe, que una mujer aborte dentro de la ventana de impunidad de doce semanas creada para esa excepción. De manera que el incumplimiento de las instituciones no comporta para éstas ningún costo, pero instala a la mujer en la dramática disyuntiva de continuar un embarazo que no puede sostener, o arriesgarse a la marginalidad, la prisión, la clandestinidad, la mutilación y, en un extremo a la muerte. Un laberinto kafkiano donde tal como sucede hoy día, los supuestos permisos para abortar serían apenas un placebo para la mala conciencia colectiva.

La pregunta porfiada y molesta es por qué se enfrascan legisladoras/es de izquierda en un camino donde nadie gana. Una aproximación razonable es suponer que los moviliza el pudor ante la perspectiva de concluir el segundo gobierno progresista sin cumplir –por demérito propio- con un compromiso clave de la “agenda de derechos”. Es probable que así sea. Pero algo sugiere que el trazado de motivaciones es más complejo y se vincula a cierta sombra que desde dos mil catorce pisa talones y sacude voluntades. Tal vez esté triunfando la certeza que si la izquierda pierde la mayoría parlamentaria o el gobierno no habrá lugar para nuevas propuestas de legalización del aborto, y si los mantiene bajo el liderazgo de Tabaré Vázquez tampoco.

De esta manera estaría sucediendo que el “veto” de Tabaré Vázquez a la ley votada por su propio partido en 2008, no solo habría impedido aquella legalización del aborto, sino que seguirá frustrando cualquier intento futuro en ese sentido, mientras su perpetrador constituya la principal estrategia de poder del frenteamplismo. La urgencia puesta de manifiesto en la voluntad de votar algo (lo que sea) dentro de esta legislatura se parece mucho a jugar en el bosque mientras el lobo no está. O tal vez a un intento de sustraer este tema de la agenda futura, para cumplir con una condición no dicha ni escrita, pero sospechada como necesaria para que el lobo se termine de poner los pantalones. En cualquier caso sería un verdadero despilfarro para las tradiciones rebeldes y de compromiso con las más vulnerables, que dieron sentido al programa y el apoyo social a la izquierda.

Es posible que todavía no esté dicha la última palabra y en el trabajo de la Comisión Especial se modifiquen aspectos sustantivos, pero por el momento no se conocen voluntades para lograrlo. Así de pequeño está nuestro mundo.

Fuente: Brecha