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Uruguay en alerta: Intento de interferir en el cumplimiento de la ley de aborto desde el Poder Judicial abre un nuevo frente de resistencia y de lucha
Jueza quiso imponer sus creencias religiosas dando lugar al “amparo” que un hombre pretendió imponer para que su expareja continúe un embarazo no deseado.
Logramos dejar en evidencia la acción de una jueza que, usando su poder como operadora del sistema judicial, pretendió imponer sus creencias religiosas interfiriendo sobre el proceso legal del aborto en Uruguay. Su accionar afectó y perjudicó a una mujer que estaba cumpliendo con todas las condiciones exigidas para acceder a servicios legales de aborto y al amparo de la ley.
La jueza de la ciudad de Mercedes (Soriano), llamada Pura Concepción Book, dio lugar al recurso de amparo ante la demanda de un hombre que quiso impedir el aborto legal, reclamando su derecho a la paternidad. La demanda fue acompañada de un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia –patrocinado por el abogado Federico Arregui – como una nueva estrategia para intentar derogar la ley que habilita el aborto hasta las 12 semanas de gestación.
Acciones que los grupos anti-derechos no han dejado de tener desde el mismo instante que se promulgó la ley en 2012, a pesar de las sucesivas expresiones ciudadanas de apoyo al cambio sucedido.
La mayoría de la opinión pública en Uruguay entiende que contar con servicios seguros de aborto es la respuesta adecuada para atender la situación de embarazos no deseados porque, de lo contrario, las mujeres debemos enfrentar prácticas inseguras y en la clandestinidad para ejercer una decisión reproductiva. Sin embargo, como la jueza, el abogado y el co-progenitor no están de acuerdo con la ley, entendieron que podían infringirla impunemente.
El sesgo de la sentencia emitida por la jueza Book utilizando los mismos fundamentos e interpretaciones que han usado históricamente los grupos autoproclamados “defensores del feto”, es evidente. Sus fundamentos dan cuenta que no tuvo la distancia óptima requerida a un operador jurídico para actuar con imparcialidad.
El abogado Arregui, que patrocinó al hombre demandante, utilizó entre los argumentos para el recurso de amparo los utilizados por Tabaré Vázquez cuando interpuso el veto presidencial a los capítulos de aborto en la ley de salud sexual y reproductiva en el 2008. Análisis realizados por expertos en derechos humanos dan cuenta de la interpretación inexacta e inadecuada de las convenciones internacionales que tuvo la fundamentación del veto. Pero además los argumentos del recurso de amparo obviaron citar convenciones de la que el país también es firmante, como la CEDAW y omitió sentencias que dejan en claro que los países que legalizan el aborto no violentan los acuerdos pactados a nivel de la OEA y del sistema internacional de derechos humanos, como señaló la abogada, asesora de MYSU, Lucía Berro.
Las acciones del hombre “lesionado en sus derechos” dejan en evidencia la intención de exponer a la mujer con la que tuvo un vínculo íntimo al escándalo público y someterla a daños y perjuicios porque, en mitad del proceso de interrupción del embarazo, cambió de opinión y decidió imponerle la continuación del mismo. En sus declaraciones públicas admite que tuvo que lo alentaron a interferir en el proceso porque esto generaría un antecedente para interponer estos recursos para impedir el cumplimiento de la ley y así hacerla caer.
En la audiencia judicial, la jueza Book asignó una defensoría de oficio al feto, procedimiento inédito que contraviene diversas normas de protección legal y que especialmente vulneraron los derechos de la mujer expuesta a esta situación. En la audiencia se infringe la ley 18987 en sus artículos 4to y 5to interrogar a la mujer y cuestionar los motivos aludidos para no proseguir con el embarazo, asumiendo la potestad que nada ni nadie le habilita de cuestionar las razones por las cuales la mujer había decidido abortar y de no garantizar la confidencialidad de esta situación de atención en salud.
, la jueza dice: “No cabe duda de que la mujer tiene derecho a decidir sobre su capacidad o autonomía reproductiva”, pero “una vez producido el embarazo la situación es otra, porque al haber un ser humano nuevo con derechos inherentes a su condición de tal, protegidos legalmente, la decisión de interrumpir el embarazo no atañe sólo a su cuerpo sino que realmente también afecta a otro ser humano, con vida”. O sea que, para la magistrada, las leyes 18.426 y la 18.987 no existen porque ella no concuerda con el contenido de las mismas.
La secuencia de los hechos fue vertiginosa y reavivó un debate público que pueden seguir en esta exhaustiva cobertura mediática que tuvo el caso por parte de medios nacionales e internacionales, como en los momentos álgidos de largo debate público que acompañó el cambio normativo, sintetizado y analizado en el libro Abortus Interruptus (MYSU, 2016).
Este nuevo hecho nos permite afirmar una vez más que la aprobación de una ley no es el fin del proceso, sino el comienzo de una nueva etapa que requiere sostener la vigilancia y capacidad de respuesta ante los sostenidos y permanente intentos de retrocesos.
La mujer afectada tiene 24 años y estaba embarazada de 10 semanas cuando, el 23 de febrero, se difundió la noticia de que una jueza le impedía abortar legalmente: UyPress: .
Organizaciones como MYSU reaccionamos de inmediato ante la noticia, buscando más información y conectándonos con las autoridades para que actuaran ante esta situación de vulneración de derechos, una vez ubicado el lugar del país donde estaba sucediendo y la situación de la mujer que estaba siendo desamparada en los derechos reconocidos por ley. En pocas horas la acción de la prensa hizo que la noticia ganara las primeras planas y atención de los medios de comunicación uruguayos e internacionales.
Aborto en Mercedes: MYSU como fuente clave para los medios
Desde la Coordinadora por Aborto Legal de Uruguay se reactivó la articulación entre las diversas organizaciones y se emitió un comunicado de prensa que repudia el fallo y denuncia cómo la jueza interfirió en un proceso legal de aborto.
En estas semanas, MYSU ha sido la organización feminista más consultada por los medios de comunicación, su directora Lilián Abracinskas, brindó más de 30 entrevistas a medios nacionales e internacionales durante el fin de semana y los dos días de carnaval en los que se sucedió el debate público. Entre sus declaraciones alertó la vulneración de derechos a los que estaba sometiendo a esta joven mujer a la que la ley amparaba sin discusión alguna. “Está claramente estipulado en la ley que uno no puede interferir en la decisión de la mujer durante las 12 semanas de gestación donde se le habilita la posibilidad legal de interrumpirla.” “Cuando un juez trata de usar sus poderes para imponer sus propias creencias e ideología, tenemos un problema muy serio”.
No es casual que este caso haya sucedido en Soriano, Mercedes es uno de los bastiones conservadores del país donde el 100% de sus profesionales de la ginecología son objetores de conciencia (MYSU, 2014/2015). (Lea la investigación de MYSU sobre los servicios de salud en Soriano).
Mientras el trámite judicial se sucedía, la angustia de la mujer iba en aumento porque los plazos de interrupción legal se acercaban a su vencimiento. La exposición de su situación no sólo fue una flagrante vulneración a la confidencialidad sino que la sometió a un juicio público y a situaciones de estigma y discriminación. Toda la situación a la que fue sometida generó amenaza de aborto y finalmente tuvo un aborto espontáneo antes que se tuviese el fallo del Tribunal de Familia que le hubiese habilitado a seguir con el proceso legal. Una mujer actuando acorde a la ley, fue expuesta a agravios y maltratos que ahora, además, tiene que enfrentar una demanda penal interpuesta por el mismo hombre que quiso imponerle una maternidad forzada; porque desconfía que el aborto haya sido espontáneo. Una crueldad que se enmarca en las manifestaciones propias de las situaciones de violencia de género.
El 28 de febrero, la mujer tuvo un aborto espontáneo. Su abogado declaró que ella había estado bajo una enorme cantidad de estrés debido al caso.
La mujer afectada que: “Estas últimas semanas han sido absolutamente terribles. El mundo entero tenía una opinión sobre mi cuerpo”, dijo joven a quien jueza negó aborto.
Entendemos que este caso es un nuevo intento de violentar derechos consagrados de las mujeres. A los médicos objetores de conciencia se le suman jueces que imponen sus creencias y grupos antiderechos que quieren seguir controlando nuestros cuerpos y nuestras vidas.
Hay que apoyar a esta mujer que ahora enfrenta una nueva denuncia en su contra y exhortamos a que el Estado uruguayo la repare, ya que en las últimas tres semanas ha sido sometida a tratos inhumanos y degradantes, estrés, angustia y desprecio público, y ha quedado desamparada en su derecho.
Exigimos que se investigue si estas acusaciones contra mujeres han sido patrocinadas o apoyadas por grupos anti-derechos.
Esperamos que sumen su solidaridad para que no haya retrocesos en los derechos ganados.
Mujer y Salud en Uruguay -MYSU
Montevideo, 14 DE MARZO 2017
