Entre el 28 de febrero y el 19 de marzo, dos mujeres murieron por aborto clandestino en Uruguay. Una en el Hospital de Clínicas y la otra en el Hospital Pereira Rossell. Una tenía 28 años, la otra 32, ambas tenían siete semanas de embarazo y en los dos casos habrían usado misoprostol como método para abortar.
Desde 2007 de acuerdo a los datos oficiales, no se registraron muertes maternas por aborto en el país, pero la posibilidad que sucediera, lamentablemente, fue una cuestión de tiempo. La práctica sigue siendo clandestina y por lo tanto, como hemos repetido tantas veces, insegura. Así que la eventualidad de que se registrara una muerte ha quedado demostrada.
Cuando se promulgo la ley 18426, luego del veto de Tabaré Vázquez, las organizaciones que desde hace tantos años impulsamos el cambio legal denunciamos que nada se había modificado sobre la ilegalidad de la práctica del aborto. Por eso seguimos bregando por adecuar la norma a la realidad atendiendo la demanda de la mayor parte de la ciudadana.
Hoy el país tiene que lamentar la muerte de dos mujeres jóvenes. Muertes que podrían haberse evitado si el uso de métodos abortivos no fuese clandestino y estuviera debidamente regulado por las autoridades sanitarias y garantizado su acceso universal en los servicios de salud. Pero para que eso suceda se necesita cambiar la ley.
No más demoras. No queremos ni una sola muerte más. Alguien debe hacerse responsable de lo sucedido y, a nuestro entender, los partidos políticos con representación parlamentaria deben asumir la cuota que les corresponde. La decisión está en sus manos. La responsabilidad también.
El costo de la demora lo pagan las mujeres y la violación de sus derechos no puede seguir impune.
Ni una muerte más por aborto! Exigimos la aprobación inmediata del proyecto de ley que ya cuenta con media sanción del Senado. El tiempo es ahora!